La situación se complica aún más para Joaquín Rivero después de que viera cómo sus acreedores lograron ejecutar en Luxemburgo las garantías de la deuda de su instrumental Alteco, consistentes en un paquete superior al 15% del capital de Gecina. La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto en el que ratifica la validez de la ejecución de dichas garantías por parte de Blackstone, Caisse de Depots du Quebec (CDQ) y Natixis, sus actuales acreedores, pero además condena a los solicitantes de dichas medidas, es decir a Rivero y a su socio Bautista Soler, a pagar “los daños y perjuicios que las medidas cautelares en su momento adoptadas hayan causado a las demandadas”.
Si bien la primera parte del auto no hace sino ratificar la ejecución de las garantías que ya se ha producido, la segunda añade una circunstancia que expone a los empresarios españoles a compensaciones de varias decenas de millones de euros.
Debido a esas cautelares, los demandantes no han podido contar con las acciones de Gecina durante un tiempo en el que, por ejemplo, no han percibido los suculentos dividendos que reparte la inmobiliaria francesa.
Así, Blackstone y CDQ, que comenzaron a adquirir paquetes de deuda de las instrumentales de Rivero y Soler a los bancos por entonces acreedores tras el verano de 2012, y que desde entonces tratan de quedarse con las garantías en el marco del concurso de acreedores, han dejado de percibir entre 25 y 30 millones de euros en concepto de dividendos que hubieran cobrado de no haber existido las cautelares.
Entre los daños ocasionados por la adopción de medidas cautelares también se podrían contar los gastos que ha acarreado a los acreedores acudir a los tribunales de Luxemburgo para lograr ejecutar las garantías, cuestión que lograron al estar la prenda depositada en un banco del estado centroeuropeo.
Contraofensiva legal de Rivero
El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, contra el que no cabe recurso alguno, viene a reforzar la actuación de Blackstone, CDQ y Natixis al acudir a la Justicia luxemburguesa, un procedimiento que Rivero ha tratado de revocar en los tribunales.
Hace unos días, un juzgado de instrucción de Madrid admitía a trámite una querella presentada por Rivero contra las entidades acreedoras de su instrumental Alteco, a las que acusa de presuntos delitos de estafa y falsedad documental, entre otros, una denuncia que tiene como telón de fondo la ejecución de las garantías.
Sin embargo, la querella de Rivero se basa en parte en el hecho de que los acreedores ejecutaron la garantía pese a que dos juzgados españoles (los de lo Mercantil números 5 y 8 de Madrid, que se encargan de los concursos de las instrumentales de Rivero y Soler) impusieron medidas cautelares para evitar la ejecución. El auto de la Audiencia Provincial echa por tierra este argumento.
Dos años de litigios
En 2012, Rivero y Soler trataron de refinanciar el préstamo sindicado de 2.100 millones de euros que lograron cinco años antes para adquirir acciones de Metrovacesa, en el marco de una lucha que mantenían con la familia Sanahuja por el control de la inmobiliaria española. Como garantía del préstamo, los empresarios pusieron las propias acciones de Metrovacesa que posteriormente canjearon por títulos de Gecina al acabar su batalla con los Sanahuja con una segregación de la empresa española.
Rivero y Soler llegaron a un acuerdo con los 13 componentes del sindicado a excepción de Natixis, que se negó a firmar la refinanciación del préstamo. Para evitar que los componentes del sindicado pudieran proceder a ejecutar la garantía, los empresarios españoles solicitaron el concurso de acreedores para sus instrumentales.
Los bancos trataron entonces de ejecutar la prenda pero, en tiempo récord, Rivero y Soler lograron que los jueces de lo Mercatil que tramitaban sus concursos admitieran su solicitud de medidas cautelares para salvar las garantías.
Ante esta situación, los bancos acreedores, menos Natixis, vendieron esta deuda a Blackstone y CDQ que, por lo tanto, pasaban a ser los nuevos acreedores y que, ante la imposibilidad de ejecutar la prenda en España, acudieron a los tribunales de Luxemburgo, ya que la garantía estaba depositada en un banco del país centroeuropeo.
La Justicia luxemburguesa dio la razón a los acreedores y ordenó la ejecución de las garantías hace algunas semanas. Rivero ha planteado de nuevo batalla legal pero el auto conocido este miércoles supone un nuevo obstáculo para sus propósitos.
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