El Gobierno y su grupo parlamentario han reescrito casi al completo el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico a su paso por el Congreso y por el Senado. La norma, que cuenta con 113 preceptos, ha recibido hasta ahora, sólo del Grupo Popular, 105 enmiendas, de forma que el texto definitivo que saldrá en el BOE a finales de año no se parecerá en casi nada al que salió del Consejo de Ministros del 12 de julio.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, sacó a toda prisa y sin consenso alguno un proyecto de Ley en pleno verano con el objetivo primordial de poner fin a la sangría del déficit de tarifa del sector eléctrico, que este año superará ya los 30.000 millones de euros.
"Ese proyecto de Ley fue fruto de la improvisación y de la falta de consenso y es de los más absurdos e inservibles que he visto dede que llegó al poder el Rajoy. Casi todo se hizo mal y ahora el PP le ha dado la vuelta al texto como a un calcetín con todas estas enmiendas", señaló a Vozpópuli el senador Jesús Alique, portavoz de Industria y Energía del PSOE en la Cámara Alta.
Y todo ello para que uno de los pilares principales de la reforma energética, la eliminación del déficit de tarifa del sector en 2013, se haya ido al garete precisamente a través de una de esas enmiendas, que obliga a las empresas eléctricas a asumir en sus balances los 3.600 millones de euros que iban a ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El PP ha sacado adelante, gracias a su mayoría absoluta, las 54 enmiendas del Congreso y las 43 del Senado propuestas por su grupo, mientras el resto han sido rechazadas de plano
Ésta es una de las 43 enmiendas que el PP, con el rodillo de su mayoría absoluta, ha impuesto en el Senado, que el próximo jueves votará en Pleno el Proyecto de Ley, que volverá al Congreso para su aprobación definitiva y será publicado en el BOE antes de que termine el año.
El texto llegó a la Cámara Alta por vía de urgencia, tal y como pasó por la Comisión de Industria del Congreso, donde el Grupo Parlamentario impuso 54 enmiendas (cinco de ellas pactas con el PNV) y echó para atrás más de 400 enmiendas del resto de partidos.
"Lo que ha hecho el PP, tras el análisis por parte de los abogados del Estado y de los expertos del sector del texto aprobado en julio, es utilizar las enmiendas para arreglar un proyecto de Ley que estaba cargado de imprecisiones y era una bomba de relojería de cara a los futuros pleitos y demandas que podrían presentar las empresas afectadas", señala un alto directivo del sector eléctrico.
Una lectura detalla del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico tal y como se aprobó en julio recomendó la introducción de innumerables cambios para mejorar el texto definitivo
La nueva Ley del Sector Eléctrico y el resto de normas (algunas con rango de Real Decreto y de decretos) que incluyen la reforma energética asesta un duro hachazo a los ingresos de todo tipo de compañías, desde las eléctricas tradicionales a las renovables pasando por el sector industrial.
Además, consagra el modelo de compartición de los costes del sector eléctrico entre tres pagadores: eléctricas, consumidores (vía subidas en el recibo de la luz) y Administración Pública.
Y ha sido esta última la que no ha cumplido su parte, al no aportar los 3.600 millones que había prometido Soria que su Gobierno costearía para compensar los desequilibrios de 2013: 2.200 millones de un crédito extraordinario para paliar parte del déficit; 900 millones para las extrapeninsulares y 500 millones provenientes de la recaudación de los impuestos energéticos.
Así que desde Moncloa se han aprestado a apagar todos los fuegos posibles. Por un lado, se ha reescrito vía enmiendas el texto inicial para aprobar uno más armado y completo ante la avalancha de demandas y recursos que se prevé por parte de las empresas y de los fondos e inversores tanto nacionales como internacionales afectados por los fuertes recortes retroactivos.
El Gobierno también ha retocado el decreto de renovables y lo ha enviado a la CNMC para que certifique su idoneidad después de los demoledores informes contra él emitidos por la CNE, la CNC y el Consejo de Estado
Por otro lado, se han mandado a la nueva CNMC algunas de las normas incluidas en la reforma energética, y muy especialmente el decreto de renovables, que consagra la desaparición del sistema de primas que regía hasta ahora. El Gobierno considera que la redacción actual del decreto hace aguas y da pie a una avalancha de demandas, así que prefiere que el nuevo superregulador certifique la idoneidad del texto, que como la Ley del Sector Eléctrico ha sido también retocado para evitar males mayores. Máxime cuando contaba con la desaprobación de las extintas CNE y CNC y del Consejo de Estado, que emitieron demoledores informes hace unos meses.
El Gobierno confía ahora que la CNMC dé el visto bueno a un texto que dará mucho que hablar en el futuro y será revisado por Bruselas.
Tanto Montoro como el Grupo Parlamentario popular han actuado sin contar con Soria, que ha sido desautorizado tras meses de dura brega con la reforma energética
Y todo este proceso de redefinición normativa de la reforma energética se ha hecho a espaldas del ministro Soria y su Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el que ha tomado las riendas y no sólo ha suspendido la aportación comprometida de 3.600 millones de euros, poniendo de nuevo patas arriba el sector, sino que además ha sido el encargado de dar la cara ante las compañías eléctricas. Ha sido Montoro el que ha negociado con las cinco grandes una compensación en 2014 vía titulización de deuda en un encuentro con sus presidentes al que no fue invitado ni el ministro Soria ni su número dos.
Montoro, por un lado, y el Grupo Popular, por otro al encargarse de reescribir la ley con las enmiendas, han desautorizado la labor del Ministerio de Industria en todos estos meses, dejando en una posición muy debilitada dentro del Gobierno al ministro canario.
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