El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha logrado lo que parece un imposible: poner de acuerdo en algo a las eléctricas tradicionales y a las empresas del sector de las energías renovables, cuyos intereses suelen ser como el agua y el aceite.
Soria confirmó el pasado martes que su departamento, vía orden ministerial, prepara cambios en la retribución que recibe la gran industria a través del denominado servicio de interrumpibilidad, un mecanismo por el que se compensa a los grandes consumidores de electricidad a cambio de aceptar cortes de suministro cuando hay sobrecarga de la red.
Las principales patronales del sector eléctrico (Unesa) y de renovables (Appa) no se han pronunciado oficialmente sobre el anuncio, que la Fundación Renovables considera una "supeditación a los intereses electorales del PP", ya que se ha producido a escasas fechas de las elecciones gallegas y vascas de este domingo. Una opinión que, en privado, comparten en las grandes eléctricas.
El anuncio se fraguó tras la visita, el pasado 2 de octubre, de Soria y sus secretarios de Energía e Industria, Fernando Marti y Luis Valero, respectivamente, a las instalaciones de la multinacional Alcoa en San Cibrao (Lugo). Nueve días después, el presidente gallego y candidato del PP para esa comunidad, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que Soria ya había "firmado" la orden para mantener el precio de energía para Alcoa y contrapuso las gestiones de los populares para alcanzar este acuerdo con los "24.000 millones de euros" que el PSOE "dejó a deber en electricidad", en alusión al importe del déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico).
El incremento de los subsidios contribuirá a incrementar el déficit tarifario
Lo curioso es que los nuevos subsidios, que harán dispararse la factura de la interrumpibilidad hasta cerca de 1.000 millones de euros anuales, frente a los 500 millones de 2011, contribuirán a echar leña al perpetuo incendio de la gigantesca deuda eléctrica, cuya eliminación es la principal prioridad del equipo de Soria.
Pero, ante la amenaza cierta de deslocalizaciones ante el posible efecto inflacionista de las nuevas medidas fiscales al sector eléctrico y el riesgo de pérdida de miles de empleos, Soria, que esta semana ha vuelto a abogar por "reindustrializar" el país, ha cambiado de opinión: si en marzo, recortó un 10% los pagos por interrumpibilidad, ahora ha decidido incrementarlos, pese a que en los últimos meses ha repetido hasta la saciedad que ese mecanismo, concebido para situaciones de estrechez del margen de cobertura eléctrica (la holgura entre la potencia disponible y la demanda) no se utiliza desde hace tiempo. En concreto, desde 2007.
De hecho, la propia orden ministerial (cuyo plazo de alegaciones concluye el próximo 8 de noviembre) reconoce en su preámbulo que "en el momento actual nos encontramos en una situación de baja demanda de energía y de un riesgo de déficit en capacidad instalada que se estima reducido en base a la información disponible".
El sistema de interrumpibilidad beneficia fundamentalmente a tres empresas, Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana del Zinc, aunque hay más de 150 clientes con este mecanismo. Desde la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege) consideran “positiva” la orden ministerial, pero dicen que aún es pronto para calibrar su impacto.
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