El principio del fin de Banco Popular se selló el sábado 3 de junio en una reunión entre directivos de la entidad y responsables del Banco de España. A ella, acudieron ejecutivos del banco con un inventario de activos para conseguir liquidez de emergencia. Y se encontraron un Banco de España duro, como explicó Luis María Linde ayer en el Congreso, que vetó muchas de las alternativas de liquidez, como la posibilidad de que los créditos fiscales sirvieran de colateral, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
A la reunión acudieron Ignacio Sánchez-Asiaín, consejero delegado de Popular; Miguel Escrig, director general; y Rafael Galán, que era subdirector general financiero, y que sigue actualmente en la filial de Santander como director financiero.
Estos directivos presentaron un amplio inventario con activos valorados inicialmente en 40.000 millones de euros, de los cuales obtuvieron inicialmente 3.500 millones, que se concedieron el 5 de junio. Pero el objetivo de los directivos y lo que llegó a hablarse en dicha reunión era llegar a los 9.000 millones del ELA (programa de liquidez de emergencia, por sus siglas en inglés).
La negativa a colaterales como los créditos fiscales complicó la cuestión. Especialistas en regulación consultados por este medio señalan que ni siquiera los créditos fiscales monetizables -que están avalados por el Estado- son aptos para pedir liquidez de emergencia. Describen esta es, trategia de Emilio Saracho como "a la desesperada", ya que en caso de quiebra no valían nada, por lo que no servían de colateral. Popular tenía créditos fiscales valorados en 5.000 millones, de los que unos 2.000 millones eran monetizables.
Discusión
Sin embargo, fuentes cercanas al antiguo Banco Popular discuten que la regulación es muy ambigua al respecto y que se podría haber discutido jurídicamente, salvo porque el "Banco de España cerró la puerta de antemano".
En lo que coinciden todas las fuentes consultadas es que hace unos años -antes de la supervisión del BCE- esto no hubiera ocurrido, ya que en otras crisis de liquidez el Banco de España llegó a admitir como garantías cuadros e incluso mesas y sillas -inmovilizado-.
Los 6.000 millones adicionales de ELA podrían haber sido suficientes para sobrevivir hasta el 12 de junio, día en el que se anunciaba la ampliación
Para que Popular consiguiera el ELA adicional el 6 de junio hubiera hecho falta también mayor preparación, según explicó Linde en el Congreso: "No se llegó al importe total de la ampliación porque en un momento determinado Popular no presenta las garantías". La duda es si no se hizo por la complejidad regulatoria, por el veto del Banco de España o por falta de planificación en el equipo liderado por Saracho.
Otra cuestión que genera dudas es si los 6.000 millones adicionales de ELA hubieran sido suficientes para salvar al Popular. Según documentación del consejo del banco, Popular tenía una previsión de retirada de depósitos de 9.000 millones en los días posteriores a la resolución.
Aunque la cifra se reduce por debajo de los 6.000 millones si se fija como tope el 12 de junio, fecha en que Saracho quería anunciar una ampliación de capital apoyada por bancos de inversión, los Del Valle, los Luksic, Pimco y otros inversores.
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