Los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina no han tenido un buen comienzo de 2014. La resolución definitiva del ‘caso Urbanor’, nada menos que 27 años después de la operación que dio lugar a su origen, va a minar aún más las finanzas de los Albertos, toda vez que, con toda probabilidad, las consecuencias no se van a quedar en los más de 11 millones de euros que el Tribunal Supremo les ha obligado a devolver a la familia Sanmartín, uno de los socios perjudicados por la estafa.
Y es que el proceso abierto por los Sanmartín no es el único por este caso ni el más voluminoso. Tal honor corresponde al arquitecto Pedro Sentieri, a quien los Albertos estafaron algo más de 16,5 millones de euros en la operación de la venta de Urbanor, propietaria de los terrenos de Plaza de Castilla que fueron vendidos al grupo inversor kuwaití KIO para la construcción de las célebres torres inclinadas.
Si se impone la lógica, Sentieri sacará también adelante su reclamación y, como en el caso de Sanmartín, también verá reconocidos los intereses de todos estos años, con lo que Alcocer y Cortina deberán devolverle algo más de 20 millones de euros.
El ‘caso Urbanor’ se origina cuando KIO adquiere Urbanor, en noviembre de 1987. Los socios minoritarios de la compañía denunciaron a los Albertos al comprobar que el precio al que había sido vendida su participación (aproximadamente 900 euros por metro cuadrado de terreno) no se correspondía con el precio global que se pactó con KIO, que rozaba los 1.400 euros por metro cuadrado.
Vía penal y vía civil
Los minoritarios decidieron abrir procesos por la vía penal y se encontraron con una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en el año 2000, que consideraba probados los delitos de estafa y falsedad documental contra los Albertos pero decidía absolverlos por considerar que el delito había prescrito.
Los minoritarios recurrieron al Supremo y, sorprendentemente, el Alto Tribunal se pronunció en contra de la decisión de la Audiencia, al considerar que los delitos no habían prescrito. De esta forma, condenó a Alcocer y Cortina a tres años y cuatro meses de prisión y a indemnizar a Sanmartín, Sentieri y el resto de perjudicados con algo más de 25 millones de euros.
Sin embargo, alguna sorpresa más estaba por llegar. En 2008, el Constitucional salvó de la cárcel a los Albertos al alinearse con las tesis de la Audiencia Provincial de Madrid sobre que el delito había prescrito, pese a que ratificaba la existencia de la estafa.
Ante esta situación, Sanmartín y Sentieri procedieron a actuar por la vía civil para recuperar una indemnización que habían empezado a recibir y que tuvieron que devolver debido al fallo del Constitucional.
En el procedimiento civil, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los Albertos, cuyo recurso al Supremo por esta decisión se vio resuelto a mediados de enero, con la citada condena al pago de 11 millones de euros a los Sanmartín. La llegada del fallo correspondiente al proceso de Sentieri es cuestión de tiempo.
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