La Comunidad de Madrid está volviendo a apostar en el mercado de las infraestructuras por el modelo concesional. Las estadísticas con las que cuenta la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) dejan ver un incipiente relanzamiento por parte de las diferentes administraciones de la comunidad bajo control del Partido Popular: once licitaciones de concesión lanzadas el último curso, la mayor cifra desde 2005.
La cantidad de obras sacadas a concesión en Madrid equivalieron al 52% de las anunciadas en toda España en 2023, en contraste con el peso de la región dentro de la obra pública nacional -de solo el 13% en 2023-. En volumen concesionado, las licitaciones de la comunidad del centro de España han supuesto más del 80% licitado a nivel nacional una vez excluido el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, que repartió proyectos por un total de 2.600 millones en posibles ingresos antes de 2049 entre una decena de empresas.
La concesión más voluminosa por sí sola sacada a concurso en el país ha sido una de Madrid, la del macrovertedero del noroeste, en Colmenar Viejo, por la que están pujando la cotizada en el Ibex 35 Acciona de la mano de Fomento de Construcciones y Contratas, así como empresas internacionales como la filial de medioambiente del alemán Schwarz, PreZero, la compañía Urbaser del fondo americano Platinum, o Valoriza, de Morgan Stanley. La Mancomunidad de Municipios del Noroeste junto con el Gobierno regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso han sacado a concurso esta licitación con una promesa de ingresos de 1.091 millones de euros para el concesionario al cabo de 20 años, con un resultado operativo estimado de 252 millones.
Dichos términos financieros han abierto una brecha entre las administraciones del PP, y la Oficina Nacional de Evaluación, adscrita al ministerio de Hacienda del Gobierno central que lidera el Partido Socialista Obrero Español, que llamó a reducir los términos de la concesión. Por el contrario, las autoridades madrileñas han seguido adelante con la obra como "urgente" para evitar sanciones a España desde Bruselas por posibles incumplimientos de directivas en materia medioambiental. La infraestructura abastecería a cerca de un millón de personas y contará con financiación de los fondos europeos Next Generation.
La Ciudad de la Justicia de Madrid, emblemática concesión en el aire
La otra emblemática iniciativa que la Comunidad de Madrid ha sacado concurso recientemente fue la del proyecto de nueva Ciudad de la Justicia. El Gobierno de Ayuso planteó una concesión a 40 años que auguraba alrededor de 2.850 millones de euros en posibles ingresos a cambio de una inversión privada de más de 500 millones.
La propuesta sedujo a dos cotizadas en el Ibex 35 como Actividades de Construcción y Servicios, y la misma Acciona, que hicieron una oferta conjunta in extremis que aprobó con creces los criterios técnicos de la CAM pero que no encontró encaje con el modelo económico del proyecto en un contexto de alza de tipos, hasta el punto de no ofrecer las suficientes garantías en este sentido a ojos del Ejecutivo regional.
En cualquier caso, desde Sol parecen haberse tomado nota del feedback recibido de las grandes constructoras en su nuevo concurso en torno a la Ciudad de la Justicia, por la vía de gestión directa, con un presupuesto público que se ha acabado elevando por encima de los 680 millones. Esta iniciativa ha vuelto a despertar el interés de ACS y Acciona, así como también de la Ibex Ferrovial y de FCC. Todas ellas pujarán también por los 350 millones que ha ofrecido el Gobierno municipal de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida por el soterramiento de la A-5, la mayor obra de la legislatura del Consistorio.
La constructora del magnate Carlos Slim ha estado cerca de asumir las obras tras otra de las grandes concesiones de Madrid el último año, la relativa a los parkings subterráneos junto al Santiago Bernabéu cuya construcción y explotación el ayuntamiento concedió al Real Madrid. La dirección del presidente merengue y de ACS Florentino Pérez acabó inclinándose por Acciona para la construcción y por Saba (de Criteria Caixa) para la gestión de una obra que reportaría de 500 millones a 1.500 millones en ingresos al club blanco en 40 años.
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