La crisis de Pescanova se está convirtiendo en una historia que roza lo surrealista, sin precedentes en España. Cada vez resulta más difícil tomar en serio lo que supone la mayor suspensión de pagos no inmobiliaria de España, y no mezclar la opinión con la información, dado lo pintoresco (por decirlo de alguno) de la sucesión de hechos.
Hoy, el presidente de la compañía, Manuel Fernández Sousa, ha aclarado que el dinero procedente de la venta de acciones sin declarar (todo consejero debe declarar en la CNMV el más mínimo movimiento, aunque sea de un título) fueron para dotar de liquidez a la empresa, “al tipo legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos del Estado incrementada en 1 punto, es decir, el 5% anual”.
Es decir, Sousa pudo rembolsar parte de su inversión antes de la presentación del preconcurso y suspensión de cotización del valor, cosa que no pudieron hacer los demás miembros del consejo no afines al presidente, así como muchos fondos de inversión y accionistas minoritarios para, a continuación, prestarlo a un tipo de interés con extra tipo a su favor, superior al de un crédito bancario. Por tanto, ganando de nuevo dinero.
Lluvia
Toda esta historia está siendo narrada mediante una lluvia de Hechos Relevantes que puedan pasar a los anales. Los emisores realizan estas notificaciones de manera telemática, por lo que se actualizan sin pasa un filtro. Sólo así se entiende que la CNMV no los haya filtrado, aunque Vozpópuli está en condiciones de asegurar que hay un enorme malestar por esta cadena de comunicados casi cómicos.
Por resumirlos: la compañía dijo que no presentaba las cuentas 2012 por no haber podido refinanciar la deuda, pero en cuanto pudiera refinanciar, las presentaba. A continuación, anunció la contratación de un asesor independiente para delimitar el perímetro real de la deuda, pero dimitió a las 48 horas por falta de información, aunque se intentó disfrazar como se pudo: Pescanova justificó la revocación poco menos que por que se le había olvidado notificarla al consejo de administración.
Poco después, dijo que el consejo de administración extraordinario exigido por Damm y Luxempart se había saldado con apoyo unánime al presidente, cosa que fue desmentida, también con Hecho Relevante, por Luxempart, Damm y, de paso, Iberfomento.
Esta semana, tras las noticias que revelaban Sousa y su entorno había vendido parte de sus acciones usando información privilegiada, el presidente de la compañía reconoció haber liquidado la mitad de su posición, “pero con minusvalías”, aclarando que fue para darle dinero a la empresa. Un proceder ilegal pero, por si quedaba alguna duda, ese dinero no era una entrega: era un préstamo con tipos de mercado.
Nunca se ha visto en España un caso así. Ni siquiera los de Sos Cuétara y los Salazar. La suspensión de pagos de Fadesa es un himno a la ortodoxia al lado de esto. Lo dramático es que detrás hay 10.000 puestos de trabajo y una empresa que aparentemente era puntera en España y el mundo, por no hablar del pool acreedor y los inversores atrapados en el valor.
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