La pregunta era clara: "¿Va el Ministerio a regular o recomendar el número de innovaciones de los fabricantes que deben incluirse en los lineales de los supermercados?". La respuesta, no tanto: "Agricultura lo que va a hacer es favorecer la innovación de la industria de la alimentación y facilitar el encuentro entre los distintos agentes de la cadena alimentaria". Nada, por tanto, de recomendar un número mínimo de 'productos innovadores' hechos por los fabricantes para que los supermercados los incluyan en sus lineales, una petición que venía haciendo la asociación de grandes marcas Promarca y cuya posibilidad de cristalizar parece más lejana. El tiempo se agota, el código de buenas prácticas en el sector de la alimentación que impulsa el ministerio de Isabel García Tejerina debería estar a punto de salir a la luz y el enfrentamiento entre algún supermercado (especialmente Mercadona) y el lobby de las marcas sigue enconado.
España es uno de los países europeos donde más ha crecido la marca blanca o marca del distribuidor (MDD) en los últimos años. La ministra, no obstante, apuntó que esta tendencia había llegado a su fin gracias a la recuperación económica y del poder adqusitivo, que estaba haciendo al consumidor volver a optar por sus productos de confianza.
Abrir la mano
Consciente de estas perspectivas, uno de los principales objetivos de los fabricantes es lograr que el líder del sector abra un poco la mano. No en vano, Mercadona sólo incluye un 11% de los productos innovadores que salen al mercado mientras que otros supermercados como DIA llegan hasta el 52%, según datos de Kantar Worldpanel. Teniendo en cuenta que Juan Roig controla el 21% del mercado de gran consumo, un pequeño gesto por parte de esta empresa que facturó 20.000 millones en 2014 sería de gran importancia para las marcas, que se han visto perjudicadas por la decisión de Mercadona de apostar por sus enseñas propias: Hacendado, Deliplús y Bosque Verde, principalmente. El presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, recordó que facilitar que las innovaciones lleguen al consumidor es el gran caballo de batalla de su organización. Lo hizo delante de la ministra en un acto organizado por 'El Economista', con el patrocionio de E&Y y de la citada Promarca.
Por su parte, los supermercados valencianos también enviaron representación, en este caso su responsable de Relaciones con el Sector Primario, Aguasanta Meléndez. La postura de su compañía ante esta polémica es clara: no reconocen la misma y recuerdan que sus marcas también son de gran calidad, emplazando a que "sea el cliente el que elija cuáles les gustan y cuáles no". La propia Meléndez se lo dijo en persona a Larracoechea tras finalizar la intervención de la ministra, escenificando frente a la vallisoletana el enfrentamiento que desde hace bastante tiempo mantienen sus organizaciones privadas.
La presencia empresarial, además de con Promarca y Mercadona, fue notoria. También hubo representación de otras compañías del sector agroalimentario y de distribuión como Eroski o Danone, representada por su director de comunicación, Álvaro Bordás.
En el tiempo de descuento
El código de buenas prácticas del sector de la alimentación, por su carácter voluntario alejado de la imposición de una normativa, está siendo objeto de un tira y afloja sin precedentes entre algunos supermercados (cuyos intereses están siendo defendidos por algunas de las patronales del sector como ACES) y los fabricantes. Si hace algunas semanas informábamos de que la pelota quedaba en el tejado de la ministra de Agricultura y su equipo, un mes después las cosas se encuentran en la misma situación con una salvedad: ha pasado el tiempo.
Fuentes del sector alimentario consideran que el cierre definitivo del código y su publicación con luz y taquígrafos está retrasándose demasiado debido a este enfrentamiento entre la industria y la destribución. La propia ministra vallisoletana ha recordado que debe ser consensuado entre los distintos agentes y seguirá esforzándose en que ambas partes encontradas se avengan a firmar un compromiso de mínimos. La legislatura se acaba y muchos agentes opinan que el código debe darse a conocer antes del verano, pues tras esta época casi 'inhábil' el país se encontrará sumergido en periodo electoral con los comicios catalanes y luego las generales.
Aunque el texto ya está terminado, varios organismos deben darle el visto bueno, tan variopintos como el Ministerio de Economía, las 17 Comunidades Autónomas, la abogacía del Estado y las propias asociaciones que han participado en la negociación. Es previsible que "haya pequeños cambios pero no muy significativos". Se pretende que no vuelvan a cometerse abusos por parte de los que históricamente (los fabricantes) o en los últimos tiempos (los distribuidores) tienen más poder.
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