El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha incoado las correspondientes diligencias por la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los últimos consejos de administración de Metrovacesa, a raíz de una demanda presentada en su día por un grupo de accionistas minoritarios, que acusan a los directivos de diversos delitos, entre ellos administración desleal y apropiación indebida.
La denuncia de los minoritarios responsabiliza a los últimos consejos de administración de Metrovacesa del hundimiento del valor de la compañía en bolsa y denuncia operaciones clave en el devenir de la empresa en los últimos años como la decisión de no completar el acuerdo de separación de 2007, las fallidas operaciones en el exterior (la compra de la Torre HSBC, el proyecto de Walbrock y la adquisición de activos en Alemania), entre otras.
El proceso, iniciado hace justamente tres años con la presentación de la denuncia por parte de los minoritarios ante la Fiscalía Anticorrupción, se ha reactivado ahora y no precisamente por iniciativa de este organismo.
El detonante ha sido la vuelta de tuerca que ha sufrido la querella criminal que ese grupo de minoritarios presentó ante los juzgados de instrucción en 2011, después de comprobar que las investigaciones de la Fiscalía no avanzaban.
Entre los demandados en la querella figuran los expresidentes de Metrovacesa Joaquín Rivero, Román Sanahuja y Vitalino Nafría, además de otros exconsejeros como Bautista Soler, Javier Sanahuja, Eduardo Paraja y el secretario del consejo de administración con los Sanahuja, Pablo Usandizaga.
El cambio de la Fiscalía
El proceso de esta querella ha sufrido un vuelco cuando la sección trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso presentado contra el archivo de la querella, dictado por el juzgado de instrucción número 47, y ha instado a su titular, el juez Adolfo Carretero, a investigar los hechos denunciados, al estimar que son constitutivos de posibles delitos.
El auto emitido por la Audiencia Provincial de Madrid se dictó a comienzos del pasado mes de febrero y sólo entonces la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar la correspondiente denuncia, basada en las diligencias previas 1681/11 que siguió cuando los minoritarios presentaron la primera de sus denuncias, ante la Audiencia Nacional. El proceso ha correspondido por reparto al juzgado de instrucción número 6, cuyo titular es el magistrado Eloy Velasco.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se presentó el pasado 12 de marzo, menos de un mes después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un duro escrito, conmina al juez Carretero a investigar a fondo los hechos al considerar que no han sido suficientemente analizados para tomar la decisión de archivarlos.
El juzgado de instrucción se inhibe
Sin embargo, Anticorrupción no se opuso en ningún momento al archivo de la querella por parte del juzgado de instrucción número 47 y se posicionó en contra los recursos de reforma y apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El hecho de que la Audiencia Nacional haya incoado diligencias por la denuncia de Anticorrupción ha tenido respuesta inmediata por parte del juez Carretero, que emitió el pasado lunes un auto en el que decide inhibirse al considerar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito que afectan a la economía nacional.
Sin embargo, los minoritarios presentarán un recurso de reforma contra esta decisión al entender que la causa debe ser instruida por el juzgado de Carretero, al menos hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre a quién compete juzgar sobre el asunto.
Los minoritarios alegan que la querella presentada ante el juzgado de instrucción número 47 es más amplia y que desconocen los términos de la denuncia de Anticorrupción ante la Audiencia Nacional.
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