Los trabajadores de las empresas públicas estatales se han puesto en guardia ante la avalancha de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) puestos en marcha o que se avecinan en el marco de la aplicación del plan de reestructuración del sector público empresarial aprobado por el Gobierno hace poco más de un año.
El plan liderado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se está aplicando ya con el cierre de pequeñas empresas públicas (Cirex, Remolques Marítimos, Sistemas Técnicos de Loterías del Estado, Ferrocarriles de Vía Estrecha, Fundación Sepi…) y con la puesta en marcha de ERE en diferentes empresas públicas.
Después del de Aena, que se aprobó en octubre pasado y ha supuesto el despido de 1.160 empleados, ahora se están poniendo en marcha expedientes en empresas dependientes también del Ministerio de Fomento y del de Defensa.
Los dos ministerios están haciendo circular entre sus empresas públicas a un equipo de directivos expertos en ERE. Jesús María Pérez Esteban, hombre de confianza del ministro Pedro Morenés, es uno de ellos. Fue director de Organización y Recursos Humanos de Navantia (Sepi), compañía pública que dejó tras poner en marcha el plan de despidos. Ahora ha recalado en Isdefe.
Pérez Esteban, como nuevo director de Recursos Humanos, es el encargado de ejecutar el ERE que esta empresa, dependiente de Defensa, prevé para 94 empleados. Junto a él, actual director de Desarrollo de Negocio, Víctor Díaz Iglesias, que ya pasó por Senasa, la filial de Aena.
El modelo a seguir, señalan algunas fuentes, podría ser el aplicado en Ineco, empresa dependiente de Fomento, que ha despedido a 390 personas a razón de 28 días por año trabajado.
Fuentes sindicales del empresariado público alertan de que en Isdefe, la indemnización que propone la empresa para los despidos es de 20 días por año trabajado.
También se preparan despidos en Tragsatec, filial del grupo Tragsa, dependiente, al igual que Navantia, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
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