A pocos días de que se inicie la campaña electoral, el Gobierno en funciones licitará un macrocontrato inédito en lo que se refiere al mantenimiento de las vías férreas por su gran magnitud: casi 600 millones de euros. La medida se toma, además, en plena polémica del departamento que dirige Ana Pastor con las compañías constructoras debido a los modificados en los contratos de construcción de las líneas de alta velocidad, especialmente las de Galicia y País Vasco, que Fomento se niega a pagar aunque las empresas dicen que están reconocidos.
La cercanía del proceso electoral hará que este gran contrato sea licitado por un Gobierno y tenga que ser ejecutado por otro, el que salga de la consulta electoral del próximo 26 de junio. De hecho, la adjudicación formal podría irse hasta finales del presente ejercicio.
A través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Ministerio de Fomento en funciones regará de millones a las compañías del sector para el mantenimiento de las líneas férreas de la red convencional, es decir, excluida la de alta velocidad, en toda España durante los cuatro años que van desde 2017 a 2020, con una posible prórroga de dos años adicionales.
Eso sí, el contrato está troceado en 19 lotes y Fomento ha procurado que la cuantía destinada a esta partida quede bien repartida. Así, cada licitador podrá presentar ofertas y obtener un máximo de dos de los lotes que se ofertarán.
El deterioro de la red convencional
Los más cuantiosos corresponden a las áreas de Madrid y Barcelona. Para cubrir la primera se adjudicarán dos lotes, correspondientes a las áreas de mantenimiento del norte y el sur de la provincia, con una cuantía total entre los dos de casi 92 millones de euros. El lote de Barcelona cuenta con un presupuesto de algo más de 68 millones de euros. Otros lotes destacados son los de las áreas de mantenimiento de Valencia (38 millones) y Orense (cerca de 37 millones).
La alta velocidad ha sido la base de la obra pública en la crisis. Por contra, las líneas convencionales se han deteriorado
Los esfuerzos de Fomento en los últimos años se han centrado en la red de alta velocidad, que ha sido además la base de la licitación de la obra pública durante los años de la crisis. Por el contrario, las líneas férreas convencionales han sufrido en estos años un considerable deterioro como consecuencia de los recortes presupuestarios ejecutados por el Gobierno, especialmente en la última legislatura.
Parece que el Ejecutivo ha determinado que llegó la hora de terminar con esta situación, aunque el momento de llevar a cabo la licitación no parece el más adecuado: actuando en funciones desde finales del pasado año y a apenas un mes de vista de la próxima cita electoral.
La polémica con las constructoras
En paralelo con esta inédita licitación discurre la enésima polémica entre Adif y las grandes constructoras, que han amenazado con parar las obras del AVE a Galicia si Fomento no les paga los modificados que, según ellas, el Ministerio ya ha reconocido. En su día, las compañías también estuvieron a punto de plantarse en la construcción de la red de alta velocidad como consecuencia de las deudas que había acumulado Adif, que superaban en conjunto los 700 millones de euros.
Precisamente, los grupos constructores podrían ser los grandes beneficiados del macrocontrato de Fomento para el mantenimiento de la red convencional, aunque la división de la licitación en tantos lotes y las limitaciones para presentar ofertas no ha caído especialmente bien en el seno de las empresas.
El Gobierno que saldrá de la próxima cita electoral tendrá también que lidiar con el gran contrato para la adquisición de máquinas para la red de alta velocidad, puesto en marcha por Renfe y cuyos pliegos han tenido que volver a elaborarse debido a la impugnación del concurso por parte del fabricante Bombardier.
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