El problema de las concesionarias de autopistas en situación de quiebra financiera amenaza con convertirse en un dolor de muelas para el Gobierno, que ha tenido que improvisar un ‘plan B’ ante las elevadas posibilidades de que la Comisión Europea tumbe su plan de un rescate a través de una sociedad pública. Pero la alternativa ha vuelto a introducir un elemento de inseguridad jurídica al introducir una nueva normativa con carácter retroactivo, una circunstancia que ya le ha costado demandas judiciales en el caso del sector de energías renovables.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley que permitía al Ejecutivo esquivar el pago de la deuda por las expropiaciones de terrenos ligadas a concesionarias de autopistas que estuvieran en situación de concurso de acreedores.
De esta forma, el Ejecutivo se asegura una rebaja muy sustancial en la factura que tendría que pagar si las ocho concesionarias que, por el momento, se encuentran en situación de quiebra, entraran en liquidación. Una cantidad que rondaría en la actualidad los 2.000 millones de euros.
Pero la circunstancia que ha puesto en pie de guerra al sector es que la medida se tomará con carácter retroactivo. Como explicó el pasado viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor, la medida será válida para cualquier concesión de las actualmente existentes en España y no sólo para las que se otorguen a partir de ahora.
“Una vez más, el Gobierno ha cambiado las reglas de juego en plena partida”, señalan desde las empresas concesionarias, que ya habían aceptado de mala gana la solución que contemplaba la constitución de una empresa pública que aglutinara las concesiones en concurso o con problemas financieros y de la que las compañías sólo tendrían el 20%.
El más que probable rechazo de Bruselas
Sin embargo, las consultas que hasta el momento ha hecho el Ejecutivo a Bruselas para conocer su opinión sobre la medida no invitan precisamente al optimismo. Existen motivos muy fundados para deducir que la Comisión Europea considerará que se trata de un caso de ayudas ilegales de un Estado a empresas privadas.
El modelo de rescate a través de una sociedad pública, que ha defendido siempre la ministra Pastor, supone aglutinar los activos tóxicos con el objetivo de que sean rentables lo antes posible con la ayuda de un capital mayoritariamente público.
En definitiva, el Estado estaría buscando la rentabilidad de una actividad económica, lo que le equipararía con un inversor al uso y, por lo tanto, convertiría esa ayuda en ilegal.
De ahí que Moncloa haya puesto en marcha un plan alternativo para el caso muy probable de que Bruselas no dé su visto bueno al planteamiento del Ministerio de Fomento.
Paralelismo con las renovables
Pero el problema es que si éste ya convencía a pocas partes, aunque los grupos constructores estaban resignados, la solución a golpe de Real Decreto-Ley no gusta a nadie, incluidos los bancos que, en principio, eran los grandes beneficiados de la sociedad pública de autopistas.
El carácter retroactivo del cambio de normativa en las primas a las energías renovables ha causado numerosos quebraderos de cabeza al Gobierno, al que le han llovido demandas, especialmente de parte de fondos de inversión internacionales.
Entre las entidades financieras que han financiado a las concesionarias de autopistas que ahora están en situación de concurso de acreedores figuran entidades extranjeras como Banco Espirito Santo y Deutsche Bank, además del mismísimo Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuyo agujero por este capítulo se aproxima a los 1.000 millones de euros.
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