El Gobierno estudia convocar un nuevo concurso para que un bufete preste asesoría externa a la Abogacía del Estado en el litigio que prepara un amplio grupo de fondos de inversión internacionales por los recortes retroactivos a las primas que recibe la energía termosolar.
El asunto ya está en manos de la Abogada General del Estado y Directora del Servicio Jurídico del Estado, Marta Silva, que depende del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Si finalmente el Gobierno considerase oportuno recurrir a una firma externa en este nuevo contencioso, tendría que convocar otro concurso como el que adjudicó en las últimas semanas de su mandato, a finales de 2011, el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, para la defensa del Reino de España frente a los litigios internacionales que a la postre surgieron por el primer recorte a la energía fotovoltaica.
Ese contrato, que fue adjudicado al despacho británico Herbert Smith a razón de 300 euros por hora (sin incluir el IVA) y un límite de 300 horas anuales, cubre exclusivamente (todavía sigue vigente) los litigios relacionados con los recortes a esa tecnología y no los eventuales contenciosos relacionados con las primas a la energía termosolar, explican fuentes jurídicas.
El primer litigio lo plantearon catorce fondos internacionales en noviembre de 2011, cuando presentaron una demanda para iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado Español por el recorte decretado por Sebastián contra la fotovoltaica. Además de a Herbert Smith, Industria contrató a otra firma para actuar como perito económico cuyo nombre no ha trascendido.
Tras ese precedente, los gigantes internacionales AES, Ampere, Antin, Eiser, Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWMLux Energía Solar, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, InfraRed, KGAL, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital, entre otros, iniciaron en abril pasado el preceptivo envío de cartas al Ministerio de Industria y Energía para tratar de buscar una salida negociada al conflicto.
El envío de esas misivas fue el paso legal previo para abrir un proceso de arbitraje internacional acogiéndose al Tratado de la Energía.
El mes pasado expiró el plazo preceptivo de tres meses para que Industria respondiera a las cartas y a partir de ahí, los equipos jurídicos de los fondos deben consensuar una posición común para decidir, en un primer término, a qué Corte Arbitral acuden (París, Londres, Ginebra o Estocolmo).
El recurso a firmas externas para buscar asesoramiento legal al margen del que proporciona la Abogacía del Estado empieza a ser moneda corriente en Industria.
El pasado 24 de julio, el departamento de José Manuel Soria, a través del IDAE, publicó los pliegos para contratar a tres consultoras que elaboren los parámetros para determinar a partir de ahora los ingresos de las energías renovables y las actividades reguladas (distribución y transporte) tras la reforma energética, según informó este lunes el diario Cinco Días.
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