Hace un par de meses, al ministro de Economía, Luis de Guindos, le preguntaban por su supuesta condición de neocon y negaba la mayor: “He tenido que nacionalizar algún banco, como me recuerda a veces el presidente Rajoy, quién lo iba a decir”, decía con ironía, en una entrevista con la revista Forbes.
Otros dos liberales como el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, también se han planteado una solución a la boliviana en su cruzada por reducir los costes regulados que ocasionan el déficit de tarifa, la multimillonaria deuda que arrastra el sistema eléctrico, que amenaza la sostenibilidad del mismo y cuya eliminación exige la Comisión Europea a España.
Industria se ha planteado lo que fuentes del sector califican de “nacionalización encubierta” del negocio de la distribución, cuyos costes están en el punto de mira del ministerio, mediante la creación de un nuevo consorcio que aglutine la gestión de las redes de media y baja tensión.
La titularidad de esos activos seguiría correspondiendo a las cinco grandes del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía), pero la gestión de los mismos quedaría encomendada a Red Eléctrica de España (REE), empresa propietaria de la red de transporte (alta tensión).
Según las fuentes consultadas, Industria llegó a barajar una renacionalización directa de las redes, pero acabó descartando la idea. Al tratarse de instalaciones con largos periodos de amortización (unos 40 años), el plan implicaría una compensación de decenas de miles de millones de euros para las empresas por sus líneas de distribución que las arcas públicas, evidentemente, no podían permitirse.
Descartada esa vía, ese consorcio permitiría 'renacionalizar' a través de REE, cuyo mayor accionista es el Estado a través de la SEPI, la gestión, pero no la propiedad de los activos. La solución permitiría, en función de cómo se gestionase la nueva sociedad y la retribución para esa actividad, el ahorro de costes que persigue Industria, que se ha propuesto recortar 4.000 millones en la nueva reforma energética que desvelará el mes que viene.
El consorcio contaría con participación de las propias eléctricas y de otras compañías del sector, incluyendo a REE, que sería la gran beneficiada.
Pese a que algunas fuentes atribuyen parte de la autoría intelectual del proyecto a Andrés Seco, el director de Operación de REE, fuentes oficiales de la empresa que preside José Folgado aseguran que ese planteamiento “no ha sido objeto de tratamiento, de análisis ni discusión con el ministerio”, con el que la empresa mantiene un contacto constante en el diseño de la reforma energética. REE ha tenido un peso determinante en la elaboración del proyecto de ley con el que el Gobierno aspira a introducir más competencia en los sistemas eléctricos aislados (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla).
Dicha norma, actualmente en tramitación, recurre a la expropiación por la vía directa, con Endesa como gran perjudicada y REE y Enagás como beneficiarias.
La distribución supone el 25% de los costes regulados del sistema y el 15% del suministro
La actividad de distribución, que según las empresas está peor retribuida en España que en la media de la UE (tanto por número de líneas, como por megavatios distribuidos, como por número de clientes), supone en torno al 25% de los costes regulados del sistema eléctrico (aquellos en los que se origina el déficit de tarifa) y en torno al 15% del coste total del suministro. En 2012, los costes asociados a esta actividad ascendieron a casi 4.700 millones de euros y el déficit de tarifa superó los 5.600 millones, una cifra sin parangón.
Industria baraja la idea desde hace aproximadamente un mes y el sector, que la califica de "barbaridad", confía en que, finalmente, no la lleve a la práctica, como ocurrió con la idea inicial de Soria de aplicar una quita al déficit de tarifa. El propio ministro ha llegado a unificar en una sola partida la evolución de los costes de la distribución y del transporte, pese a que su trayectoria no ha sido la misma.
“El aumento en cuanto a las primas del régimen especial ha sido del 700% entre el año 2005 y el año 2012, el aumento en los costes de transporte y distribución ha sido del 44% y el aumento en la compensación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ha sido del 172%”, dijo el ministro hace un mes, el pasado 11 abril, durante una comparecencia en el Pleno del Congreso.
Sin embargo, según estimaciones del sector, esos siete años se han saldado con un incremento de los costes del sector del 60% en alta tensión y de la mitad (en torno al 30%) en distribución. La primera actividad sufrió un recorte de ingresos de en torno al 4% hace un año, mientras que la distribución se llevó un rejonazo de entre el 10% y el 12%. Las empresas ya han advertido de que ese recorte conllevará un parón de las inversiones y un empeoramiento de la calidad del servicio.
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