La Intervención Delegada de Hacienda ha puesto varios matices a las cuentas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al ejercicio 2016. La inspección señala el retraso con el que fueron formuladas y expone varias salvedades con las que expresa su desacuerdo con la contabilidad realizada por el organismo en lo relativo a sus gastos y a su inmovilizado material, según refleja el documento, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Hacienda reconoce que el pasado julio emitió un informe desfavorable sobre la contabilidad presentada por la CNMC del ejercicio 2016. En el documento difundido este martes -la segunda auditoría sobre estas cuentas-, expresa su punto de vista favorable, aunque “con salvedades”, y reconoce que no ha tenido acceso a toda la información relacionada con las “contingencias, litigios, reclamaciones” y “recursos” interpuestos contra la entidad que están pendientes de resolución.
Entre las decisiones sobre las que pone el foco la Intervención Delegada se encuentra la que provocó la baja de una serie de elementos de inmovilizado material, que provocó una pérdida de 475.620 euros. En opinión del auditor, la operación se realizó sin que quedara acreditada la “destrucción o entrega” de ese patrimonio y sin que se ofrecieran las evidencias suficientes sobre su retirada.
Los encargados de la revisión de las cuentas también señalan la incorrecta imputación de facturas por valor de 126.670 euros a 2016 y cuestionan que se haya encuadrado dentro del epígrafe de “gastos del ejercicio 2016” un desembolso de 143.670 euros procedente de ejercicios anteriores.
También critica que la CNMC no haya mantenido “cierto grado de prudencia” al situar dentro de la partida de “recursos liquidados de otros entes públicos” un total de 5 millones de euros que no había recaudado en el momento de la formulación de las cuentas.
Los auditores también dejan en evidencia la gestión realizada por el regulador de los mercados a la hora de traspasar al Tesoro Público la recaudación -por tasas- que obtuvo de los sectores energético y de telecomunicaciones. También ponen 'peros' al sistema de recaudación que utiliza Competencia.
Se puede interpretar como un nuevo golpe del Gobierno a José María Marín Quemada, quien ha mantenido varios encontronazos durante los últimos tiempos con ministros
Fuentes oficiales de la CNMC niegan que los hechos señalados por la intervención puedan calificarse como irregularidades, sino que son meras "diferencias contables". En el caso de la liquidación de la energía y las telecomunicaciones, defienden que adoptaron el criterio correcto porque, de lo contrario, las cantidades monetarias hubieran llegado con retraso a las más de 60.000 centrales de energías renovables.
En lo que respecta a los 5 millones de euros citados anteriormente, aseguran que tienen que ver con una sanción que había sido recurrida por la empresa multada y que la discrepancia únicamente tiene que ver con la forma de ubicarla dentro del balance. En cualquier caso, restan importancia a las consideraciones puestas de manifiesto por el auditor.
Sea como fuere, este documento se puede interpretar como un nuevo golpe del Gobierno al presidente del organismo, José María Marín Quemada, quien ha mantenido varios encontronazos durante los últimos tiempos con ministros como Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal por cuestiones como el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROT), el convenio de la estiba o las competencias en materia de energía.
En este sentido, el presidente de la CNMC ha expresado su descontento en el pasado porque, a su juicio, el Gobierno no sea partidario de mantener “un regulador independiente”, algo que deduce de su escasa asignación de recursos “humanos, materiales y presupuestarios”.
Altas indemnizaciones
El informe detalla la indemnización que percibirán los cuatro consejeros que han sido cesados durante los últimos meses de su puesto, que son Diego Rodríguez, Fernando Torremocha, Eduardo García Matilla e Idoia Zenarruzabeitia. Entre 2017 y 2019, la CNMC percibirán casi 513.000 euros. Quienes los reemplazaron también tendrán derecho a una compensación económica, apunta el auditor.
Fuentes de la CNMC precisan que el gasto en indemnizaciones será finalmente menor como consecuencia de la renuncia de Diego Rodríguez a cobrar la que le correspondía.
Entre sus notas, el auditor recuerda que la Administración General del Estado fue condenada en enero de 2017 a readmitir a los consejeros Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea por haber sido destituidos de forma ilegal en 2013, antes de la unificación de la CNMC. El coste de los salarios devengados en el período 2013-2017 -que no especifica- lo asumirá el Ministerio de Economía y Competitividad, precisa.
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