En la feria de drones o 'Expodrónica' que tuvo lugar esta semana en Ifema muchos se ilusionaban ya con pedidos de Amazon e incluso personas volando por los aires de la mano del dron como ya se puede ver en Dubai. Sin embargo, esa "está lejos" de ser la realidad de un sector que se siente como "un coche deportivo que no puede pasar de 20 kilómetros por hora" en nuestro país.
Y ello no solo porque la legislación actual no permita una distancia mayor entre el operador y el dron que la de 500 metros, haciendo inviables los envíos de paquetería o los 'taxi drones', al menos de aquí a dos/tres años según los más optimistas. La mayor prueba de los frenos que sienten los 3.000 operadores registrados en España es, según el presidente de la Federación de Drones, Jerónimo García, "que el 90% de los trabajos que nos ofrecen a los operadores tienen que echarse atrás" por la reticencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de conceder permisos para operaciones con drones sobre las ciudades.
Este medio ya ha informado que AESA ha rechazado las 160 solicitudes que recibió desde que la nueva ley de diciembre de 2017 habilitara estos vuelos, aunque desde la Agencia insisten que el problema es la incapacidad de los pilotos para ajustarse a los requisitos de seguridad.
El 95% de los trabajos que ofrecen actualmente los operadores en España tienen que ver con fotografías o vídeos
"En materia de estudios de seguridad y mantenimiento nos tratan como a un Boing 747 cuando operamos aviones de dos a 25 kilogramos como mucho", se lamenta García. "Todavía seguimos tratando con la Administración con papeles y fax; falta modernizarla y digitalizarla para que las solicitudes se tramiten en cuestión de días y no de meses como hasta ahora", apunta por su parte el presidente de la Asociación Española y abogado, Salvador Bellver. "Lo peor no es la legislación sino cómo se aplica: los operadores que conozco han presentado solicitudes para las que luego no reciben ni una respuesta, ni siquiera negativa, por lo que el operador no sabe qué es lo que ha hecho mal ni cómo solucionarlo".
Según apunta Bellver, el 95% de los trabajos que ofrecen actualmente los operadores en España tienen que ver todavía con fotografías o vídeos - el resto, mayormente tareas ligadas a la agricultura de precisión (fumigación), salvamento y rescate, e incluso carreras de drones -, pero no existen apenas operadores que puedan vivir de solo ofrecer servicios con drones. "Hoy por hoy, pilotar drones no es una actividad rentable, los operadores legales ofrecen el servicio y hacen siempre otras cosas, como reportajes audiovisuales en tierra o incluso ofrecer formación sobre drones", indica este abogado que remarca la dificultad que supone el hecho de que no se concedan licencias para volar sobre ciudad o cerca de aeropuertos, "donde está la mayor parte del beneficio".
"Hay un problema clarísimo de formación", remarca en cualquier caso el portavoz del Sindicato de Pilotos de Drones, David Madroño. "Si al abrirse una ventana para operar en ciudad, todo el mundo se pone a pedir permisos pero nadie cumple con un mínimo que garantice la seguridad ni sabe siquiera cómo hacer un estudio de seguridad, la Administración dice 'ni lo miro'", insiste Madroño. "Hay algunas escuelas que cumplen con los mínimos y más pero la mayoría solo trata de salir del paso y facturar". En ello coinciden Bellver y García, que ponen en duda la "calidad" de las 50 escuelas que existen y advierten de que "hay escuelas ofreciendo por 500 euros lo mismo que otras por 7.200". "Nos encontramos con que muchos operadores ya supuestamente formados no saben realmente dónde pueden operar y dónde no", asegura García.
"Incongruencia" administrativa y descontrol
Más allá del 'déficit' formativo, entre los operadores es generalizado el malestar por la "incongruencia" de la Adminstración a la hora de regular los vuelos con fines lucrativos y los vuelos de aficionados.
"Un operador aficionado puede volar un dron de menos de 250 gramos pero que puede alcanzar más de 100 kilómetros por hora sin ninguna traba, y nosotros las tenemos todas", afirma García, que denuncia las "innumerables" operaciones con drones ilegales en ciudad que se pueden ver "incluso en la televisión, en programas como Masterchef". "Cuando tú te niegas a hacer un trabajo porque sabes que no se puede hacer, al otro día viene otro y te lo hace", coinciden Bellver y García. "Mientras tanto, los profesionales estamos atados, sobre todo por los sanciones, que pueden ir de los 4.500 euros a los dos millones".
Desde AESA insisten en la dificultad de identificar a los pilotos de los operadores para tramitar muchas de las denuncias que reciben, aunque han abierto por lo pronto 184 expedientes sancionadores, como ya ha informado este periódico.
En cuanto a los sistemas de detección de drones, desde la delegación en la feria de la compañía DJI - principal fabricante a nivel mundial - confirmaron a este periódico haber recibido contactos de la Administración respecto a un aparato pionero en la detección de drones hecho 'exclusivamente para las fuerzas del Estado', el aeroscop (por el momento solo permite detectar otros drones de DJI). Las mismas fuentes, en cualquier caso, han confirmado que en España no existe todavía en funcionamiento ningún aparato de este tipo, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa.
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