El futuro de Isabel Pardo de Vera apunta a una empresa tecnológica... que mantiene litigios millonarios contra la compañía pública Adif que la ex dirigente socialista presidió y luego supervisó como número 2 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La ingeniera lleva en conversaciones con Revenga Smart Solutions desde mediados de 2023, esto es, poco después de ser cesada en febrero como alto cargo de Transportes tras la crisis entre Administraciones estatales y autonómicas que provocaron los trenes que no servían para los túneles de Asturias y Cantabria.
Desde marzo de 2023, Pardo de Vera ha venido percibiendo una compensación por despido de 7.306 euros al mes que caducaba en septiembre de este año, como avanzó este diario. Dentro de los dos años posteriores a su cese, no podía pasar al sector privado sin el plácet gubernamental.
Desde el Ministerio de Transformación Digital han confirmado a Vozpópuli que Pardo de Vera ha recibido ya la autorización que la exalto cargo socialista solicitó a la oficina gubernamental de conflictos de intereses -que en el nuevo Ejecutivo depende del Ministerio de José Luis Escrivá-, después de que el diario El Mundo publicara que se había producido el desbloqueo desde Hacienda. Un proceso que, en cualquier caso, se ha demorado más de lo normal para este tipo de requerimientos -sobre los que la Administración suele tardar menos de un mes-.
El grupo de ingeniería contaba con el fichaje de Pardo de Vera a partir del 31 de julio de 2023. Sin embargo, tuvo que buscar un reemplazo provisional
La más reciente documentación remitida a inversores por parte de Revenga aflora litigios contra la compañía pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que Pardo de Vera presidió hasta julio de 2021 y que supervisó como secretaria de Estado de Transportes hasta febrero de 2023.
El grupo de ingeniería acumula en concreto tres procesos de reclamación de responsabilidad patrimonial contra la propia Adif por un valor en el entorno de los tres millones de euros -dentro de litigios por valor total de 18 millones-. Se trata, fundamentalmente, de reclamaciones cursadas en 2020 y 2022 por lo que la empresa junto a otras en unión temporal consideran retrasos de hasta tres años en proyectos del AVE Adif achacables a la propia dirección de Adif.
Dentro de las cuestiones en conflicto aparece también un contrato de 8,3 millones que Adif pre-adjudicó a Revenga y luego le arrebató en favor de otra empresa por un precio mayor. Este último asunto ha llegado a la Audiencia Nacional, a la que el grupo de ingeniería acudió en mayo de 2023 como demandante de Adif con el asesoramiento del despacho Uría Menéndez. Según han incidido desde la empresa, los costes que han tenido todos estos litigios ya se han reflejado en sus cuentas pero no así los potenciales beneficios de las posibles compensaciones por parte de la Administración Pública.
La contratante de Pardo de Vera aspira a duplicar sus ingresos
El grupo de ingeniería contaba con el fichaje de la exalto cargo de Transportes a partir del 31 de julio. Sin embargo, tuvo que buscar un reemplazo provisional a su rol en la comisión de auditoría -para la que también había sido nombrada- toda vez que la exdirigente socialista había "aceptado su nombramiento condicionado a la obtención de la correspondiente carta de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses" que tardó en llegar.
Pardo de Vera hará previsiblemente las veces de vocal independiente en un Consejo de Administración presidido por Enrique Cortés García-Herreros y formado también por el consejero delegado Arturo Revenga y los vocales Ana Revenga, Alberto Fernández y Alejandro de la Joya (independiente).
El 31 de julio de 2023, los miembros del Consejo acordaron una retribución de 240.000 euros anuales para el CEO y de 200.000 euros para los consejeros en el ejercicio de sus funciones, a expensas de nuevos acuerdos de la Junta en favor de retribuciones fijas o variables con cargo acciones y resultados de la compañía. El grupo, que ya amplió capital en octubre de 2023 por cerca de 600.000 euros, tiene como accionista mayoritario a Grupo Revenga Ingenieros y, en total, a algo más de un millar de accionistas.
A 30 de junio de 2023, la empresa sumaba una facturación cercana a los 15 millones de euros. Según el plan estratégico comunicado por la compañía al mercado, su objetivo es superar los 70 millones de euros anuales en 2026
A 30 de junio de 2023, la empresa sumaba una facturación cercana a los 15 millones de euros. Según el plan estratégico comunicado por la compañía al mercado, su objetivo es superar los 70 millones de euros anuales en 2026, con un resultado bruto de explotación o ebitda de 7,5 millones -4,29 millones al cierre de 2022-. Saltó a cotizar el año pasado tras un inversión cercana al millón de euros en la mera tramitación de la entrada en BME Growth y con una capitalización cercana a los 40 millones.
El foco de la compañía está en actuar como partner tecnológico de los gestores y operadores de infraestructuras, desde ferrocarriles, metros y tranvías; carreteras y autopistas; flotas de autobuses, hasta las estaciones y terminales (aeropuertos, puertos, estaciones de tren y de autobuses). Actualmente, mantiene uniones temporales de empresa (UTEs) con gigantes españoles del sector de las infraestructuras como Acciona, Fomento de Construcciones y Contratas o Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
"Afrontamos el período 2023-2026 con fuerza y optimismo, con una cartera de 100 millones, 55% fuera de España, y un pipeline de más de 250 millones de proyectos de tecnología para smart mobility, siendo el socio de los grandes gestores de infraestructura", han reivindicado desde Revenga.
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