La petrolera estatal mexicana Pemex, accionista de referencia de Repsol, ha reventado la adjudicación prevista de un macroproyecto de transporte de gas natural en México que iba a ser desarrollado por la española Enagás y la francesa GDF Suez.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), dependiente del Gobierno de Enrique Peña Nieto, había informado favorablemente a la oferta presentada por el consorcio franco-español, considerando en una resolución del 10 de octubre “la razonabilidad de los costos presentados por el participante en el proceso licitatorio para el proyecto denominado Ramones Fase II”.
Había sido la propia Pemex la que había solicitado a la CRE este informe antes de adjudicar a GDF y Enagás el proyecto, valorado en 1.800 millones de dólares. Y sólo seis días después de que la Comisión diese el visto bueno a la adjudicación, la petrolera que preside Emilio Lozoya ha dado marcha atrás y prevé ahora destinar tan goloso contrato a TAG Pipelines, una empresa controlada por Gasoductos de Chihuahua, filial al 50% de Pemex. El otro 50% está en manos de la sociedad Ienova, según han informado esta semana varios medios mexicanos.
Pemex aduce que los licitantes no cumplieron los requerimientos económicos y técnicos, pese a que la Comisión certificó la "razonabilidad" de los costes presentados por el consorcio
Lo que ha sorprendido no ha sido sólo que la petrolera estatal haya desautorizado el trabajo hecho por el regulador energético, sino que además lo haya hecho precisamente aduciendo que los licitantes no cumplieron “los requerimientos económicos y técnicos”. Sin embargo, la CRE sí que dio el visto bueno al planteamiento de costes realizado por el consorcio.
Así que Pemex ha declarado desierta la licitación para que la construcción y mantenimiento del gasoducto caiga en manos de su grupo de empresas.
Algunas fuentes empresariales mexicanas han criticado el sorpresivo movimiento de última hora de Lozoya, que puede ser interpretado por los inversores y analistas internacionales como un excesivo intervencionismo por parte de una compañía controlada desde el Gobierno en el sector más estratégico del país, el petroquímico.
Máxime en un momento en el que Peña Nieto trata de sacar adelante la reforma energética que, entre otras medidas, traería aparejada la privatización parcial del grupo, lo que daría entrada en su capital a inversores o petroleras internacionales.
El movimiento de última hora de Pemex puede ser interpretado a nivel internacional como intervencionista y conducido desde el Gobierno, que a su vez trata de sacar adelante la reforma energética
Por su parte, tanto Enagás como GDF no hicieron comentarios sobre la pérdida de un proyecto al que han dedicado tantos meses y esfuerzos.
La fase II de Los Ramones tendrá una extensión de 740 kilómetros de tuberías y dará cobertura a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, con el objetivo de satisfacer la demanda actual y futura del sector industrial.
Uno de los mayores proyectos de México
Este sistema de gas comprende dos fases y, junto con los gasoductos por desarrollarse en Estados Unidos, sería uno de los mayores proyectos de infraestructura energética de México en las últimas décadas.
Peña Nieto quiere dar una imagen de independencia y buena gestión del grupo estatal para dar entrada en su capital a inversores extranjeros una vez aprobada la reforma en marcha
Todo el proyecto tendría una capacidad máxima de entre 2.000 y 2.100 millones de pies cúbicos por día. Los Ramones están planificados para añadir unos 1.200 kilómetros de ductos desde Agua Dulce, en el estado norteamericano de Texas, hasta Guanajuato, en la zona industrial del centro de México.
Actualmente, Pemex importa un promedio de 1.300 millones de pies cúbicos por día de gas natural, pero llevaría la cifra a hasta 3.400 millones hacia finales del 2015, si es completada la segunda fase de Los Ramones.
México produce un promedio de 6.400 millones de pies cúbicos por día de gas natural y su demanda crece a un ritmo de entre un 2,5% y un 3% anual.
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