Ayer tuvo lugar un consejo de administración de Pescanova en Madrid, celebrado a petición del presidente relevado de funciones por orden judicial, Manuel Fernández Sousa. Un acontecimiento que rozó el absurdo, que sirvió exclusivamente para saber que Pescanova ha contratado, mediante su administrador concursal Deloitte, al despacho CMS Albiñana para defenderse de las demandas puestas por accionistas y que Grupo Damm tiene otro aliado: el fondo Cartesian Capital Group, para forzar definitivamente la caída del anterior ejecutivo.
Fernández Sousa pudo formular esta convocatoria merced a una pequeña laguna legal: el juzgado de Pontevedra le ha relevado de funciones ejecutivas, pero ha podido convocar al Consejo, que era soberano para acudir o no acudir. En el colmo del dislate, Deloitte, administrador concursal impuesto por la autoridad judicial y designado por la CNMV, acudió como observador al consejo y luego levantó acta del mismo, comunicando las no-resoluciones mediante Hecho Relevante.
El principal accionista, Damm (empatado técnicamente con Fernández Sousa, con un 6%), solicitó el pasado 17 de mayo la convocatoria de junta extraordinaria de accionistas, derecho al que tienen quienes representan el 20% del capital. El grupo que comanda Demetrio Carceller lo ha solicitado con el apoyo de Luxempart, Iberfomento y otros minoritarios, entre los que se encuentra el fondo Cartersian Capital Group, con una participación importante, pero inferior al 3% para ser declarada. Suficiente para superar el 20% preciso.
Estos accionistas quieren que en dicha asamblea se proponga formalmente la renovación de cargos en el seno del consejo, para lograr la dimisión total de Fernández Sousa, antiguo ejecutivo que está inmerso en un proceso mediático, preparando su comparecencia ante el juez el próximo 2 de julio.
Sólo la Xunta
Mientras tanto, continúa sucediéndose, como en una telenovela por capítulos, la cantinela del crédito urgente de 55 millones de euros para salvar la actividad ordinaria de la compañía. Pese a las declaraciones de buena voluntad por parte de los bancos acreedores, lo cierto es que nadie ha firmado ningún papel para evitar el colapso de la firma alimentaria.
Sabadell, Novagalicia, Popular, Bankia, Deutsche Bank… han dejado caer, más o menos veladamente, que firmarán ese crédito express a 12 meses para solventar los problemas de tesorería.
Pero, ante la imposibilidad de que Deloitte presente el perímetro real de la deuda y que, siquiera, se haya hecho con el control total de la compañía debido a la maraña de filiales internacionales, los principales acreedores empezaron a pedir que tanto la Xunta como Santander y BBVA se involucraran también en el rescate de la empresa.
Los principales bancos españoles siguen sin estar por la labor. Los acreedores principales no han firmado. Sólo la Xunta dijo hace poco que pondrá 4 millones de euros y ayer dejó caer que podría ser algo más, tal como afirmó Francisco Conde, conselleiro de Economía.
Lo cierto es que el único que ha dado el paso al frente ha sido el Gobierno autonómico. La Xunta ha comenzado a soltar dinero, para evitar que comiencen los impagos de nóminas y por tanto, las movilizaciones sociales.
La renovación de las líneas de crédito de UBI Banca, que cerró el factoring ante la evidencia de facturas falsas entre filiales, tiene que ver sin duda con los avales económicos de la región que preside Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que en la Xunta insisten en que no han realizado desembolsos económicos y que las ayudas irán dentro del crédito de 55 millones que se espera se firme esta semana.
Pero fuentes cercanas a la fuerza laboral de Pescanova aseguran que “si hemos cobrado el sueldo de mayo ha sido gracias a la Xunta”.
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