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Manos Limpias denuncia al presidente de Pescanova por "lesión al interés público general"

En un comunicado, el colectivo de funcionarios detalla que los delitos aludidos en su denuncia son de falsedad en documento mercantil, societario, insolvencia punible, maquinación para alterar el precio de las cosas y delito fiscal.

El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha denunciado ante el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ante las "gravísimas irregularidades" y la "lesión al interés público general" derivados de su gestión. En un comunicado, Manos Limpias detalla que los delitos aludidos en su denuncia son de falsedad en documento mercantil, societario, insolvencia punible, maquinación para alterar el precio de las cosas y delito fiscal.

En la denuncia a la que ha tenido acceso Efeagro, el sindicato de funcionarios Manos Limpias recoge, entre los hechos en los que basa para emprender estas acciones, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "ha acusado a Pescanova de remitirle una contabilidad poco creíble, ya que no ha sido elaborada de acuerdo a los estándares de contabilidad exigible". Al mismo tiempo, cita un "posible fraude que determina la auditora BDO de facturas falsas en la filial chilena (Pesca Chile) que Pescanova quiere vender".

Recoge, también, que Manuel Fernández de Sousa prestó a Pescanova, a un interés del 5%, 9,3 millones de euros de los más de 32 millones que "se embolsó con la venta a espaldas del mercado de acciones (representativas del 6,9% de la firma). En el texto apuntan que "éste es un hecho significante a tener en cuenta", ya que el orden de prelación en caso de liquidación de una compañía, los acreedores de la deuda cobran antes que los accionistas, y reiteran que "esto es lo que ha hecho el denunciado".

Según Manos Limpias, la cifra de pasivo de Pescanova podría rondar los 3.000 millones de euros, y recuerda que entre los bancos acreedores figuran 46 entidades.

Señalan que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha reclamado a Pescanova la memoria, el inventario de bienes, la relación de acreedores, las últimas cuentas anuales, así como las de los tres ejercicios anteriores con su correspondiente memoria de gestión e informe de auditoría, estados financieros intermedios y los cambios patrimoniales relevantes del último trienio. Entre las diligencias que piden practicar, solicitan el informe de las auditorías KPMG y BDO; el expediente completo de la CNMV; la documentación remitida al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra; la operación de venta de acciones de Pescanova del denunciado y el contrato de préstamo del presidente a la compañía pesquera.

Esta denuncia se suma a la querella que ha presentado ante la Audiencia Nacional el exabogado de José María Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos -en representación de un grupo de accionistas minoritarios- por presunto falseamiento de las cuentas, administración fraudulenta y desleal, manipulación por alterar el precio de las cosas y abuso de información privilegiada en el mercado de valores. Dicha denuncia también va dirigida contra la auditora DBO, Sabadell Bolsa y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Entretanto, el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, en el que Pescanova ha presentado la solicitud de concurso de acreedores, está a la espera de recibir información complementaria a la entregada por la empresa pesquera. Este juzgado ha dictado una providencia de subsanación para requerir esta información adicional en el plazo de cinco días, más uno de gracia, desde la notificación de la misma, el pasado miércoles.

Esta petición se une a la de la CNMV, que alegó que la información que le remitió Pescanova en respuesta a su petición "no se ajusta a lo requerido" y anunció que monitorizará el análisis forense de la empresa.

La compañía que preside Manuel Fernández de Sousa entregó en la noche del lunes, horas antes de que finalizara el plazo dado, las cuentas del segundo semestre de 2012, así como la información adicional requerida por el supervisor tras determinar a principios de mes que las informaciones remitidas por la firma pesquera eran insuficientes.

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