El Juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha acordado recientemente su inhibición a favor de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento en el caso Publiolimpia. La presunta estafa piramidal ideada por el empresario Antonio Mas Samora a través de su empresa Publiolimpia afecta a más de un millar de personas que habrían destinado cerca de 250 millones de euros a un negocio en realidad ficticio.
Las diligencias efectuadas por el juzgado de Barcelona apuntan a la existencia de una gran estafa piramidal perpetrada por Antonio Mas que consistía, básicamente, en la compra de espacios publicitarios que después eran revendidos a grandes anunciantes -Repsol, Samsung, Vodafone...- por un precio superior. Pero en realidad las facturas de las multinacionales eran falsificadas por Antonio Mas; este entregaba las ganancias comprometidas con el dinero de nuevos inversores que eran captados por Publiolimpia u otras empresas con las que trabajaba, en una espiral interminable.
Los afectados detectados proceden de ocho comunidades autónomas y de otros países como Francia, Andorra, Luxemburgo o Suiza
Antonio Mas Samora, promotor del Festival de Música de Cambrils, fue detenido a principios del pasado mes de junio pocas semanas después de que se autoinculpara por la aparente estafa, mayor que la del caso Gescartera -que afectó a 1.383 inversores que reclamaron 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de euros)-. Mas Samora, que actuó a través de su empresa Publiolimpia y, antes, de la sociedad ATA Producciones, quien está siendo defendido por Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres en el caso Nóos, fue puesto en libertad.
El juzgado de Barcelona explica en un auto firmado este mes que el caso Publiolimpia afecta, por el momento, a 1.120 personas de ocho comunidades autónomas y también de otros países, como Andorra, Reino Unido, Suiza, Francia o Luxemburgo. El importe calculado del fraude supera los 246 millones.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá del enjuiciamiento de las causas por los delitos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que puedan repercutir en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil, o que suponga un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
La juez del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona indica en su auto en el que acuerda la inhibición a favor de la Audiencia Nacional, que cabe presumir que el número de perjudicados por el caso Publiolimpia sea superior incluso al señalado. La magistrada explica que existen "grupos empresariales" que habrían recibido el capital de pequeños y medianos inversores difícilmente individualizables, lo que dificulta las investigaciones. Y añade que están "surgiendo varias líneas de investigación" a consecuencia de la presentación de demandas cruzadas entre los afectados.
La fiscal del caso en Barcelona que ha investigado la presunta estafa, reclamó al juzgado el plazo máximo de instrucción, apuntando entre otras razones, que la actuación de muchos de los inversores extranjeros en la trama operaría desde paraísos fiscales, lo que implicaría la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
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