Una pequeña cooperativa lechera tiene en jaque a Puleva. La SAT San Antón reclama a la empresa láctea granadina 8,6 millones de euros por los daños y perjuicios que le ocasionó la participación durante años de un cártel lácteo que pactó los precios de la leche, "infringiendo la legislación de competencia". En una demanda presentada ante el juzgado mercantil número 1 de Granada se establecen las indemnizaciones que pide la cooperativa, y que se han calculado teniendo en cuenta el precio al que el cártel compró la leche comparándolo con el precio real que en esos momentos (de 2000 a 2006, que es cuando Puleva les compró la leche) tenía en el mercado.
La cooperativa calcula que dejó de ganar 5,6 millones de euros en 6 años, a los que aplicándoles el interés legal ahora se convierten en 8,6 millones que reclama a Puleva. Para hacer esta media de precio, los abogados de la cooperativa navarra hicieron un cálculo de la media de precios en los países mediterráneos deficitarios en leche (Grecia, España, Italia) y se estimó cuál había sido la pérdida.
El cártel lácteo duró desde el 2000 hasta el 2014, tal y como ha certificado la CNMC, que impuso en marzo de 2015 una multa histórica de 88 millones de euros a 11 empresas, grandes y pequeñas, del sector. Todas las grandes han recurrido la sanción. En el caso de Puleva, la multa asciende a 10 millones de euros.
Los intereses legales han ido corriendo hasta conformar deudas gigantescas
Puleva no es la única empresa a la que se le solicita una indemnización. Desde 2006 en adelante, la cooperativa San Antón cambió de clientes, teniendo sobre todo a Capsa (matriz de Central Lechera Asturiana), a Celega (cooperativa gallega que intermedia) y Senoble (ahora Schreiber, interproveedor lácteo de Mercadona). A todos ellos se les solicitan indemnizaciones que van desde los 3,3 millones de celega hasta los 2,3 millones de Asturiana pasando por casi 300.000 de Senoble, que además deberá de hacerse responsable de la deuda de la cooperativa gallega si esta fuera incapaz de pagarla.
En total son casi 15 millones de euros los que están en juego en esta demanda multimillonaria que puede abrir caminos poco conocidos en el derecho de la competencia. San Antón, que ha denunciado intentos de boicot por parte de la industria después de que se atreviera a denunciar a los gigantes, asegura que sus cuentas se hundieron por motivo de la manipulación de los precios.
Dudas sobre quién pagaría
Capsa y Schreiber solicitaron que fueran juzgados de Pamplona y Tafalla los que llevaran el caso, entendiendo que no era competencia del juzgado mercantil granadino la de llevar este asunto. Pero finalmente el proceso judicial se seguirá llevando en la ciudad nazarí, pues se entiende que fue en esa jurisdicción donde se cometieron la mayoría de supuestas infracciones.
Por su parte, las responsabilidades en el caso de Puleva no están claras, ya que la empresa ha cambiado de manos dos veces en el periodo. En esa época (de 2000 a 2004) pertenecía a Ebro Foods, compañía cotizada que ahora mismo sólo gestiona negocios de arroz y pasta. En Ebro han declinado hacer ningún comentario sobre "un proceso que está en los juzgados". Puleva pertenece actualmente al grupo francés Lactalis, que cuando adquirió la marca y sus instalaciones ya conocía estas multas que venían de camino. Igualmente, Lactalis ha preferido mantener la prudencia y esperar a que sean los jueces los que decidan quién debe pagar la multa si esta finalmente se produce.
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