Red Eléctrica (REE) estudia el nombramiento de un número dos que contrarreste (siquiera de forma cosmética) el poder absoluto que actualmente concentra su presidente ejecutivo, José Folgado, en atención a las demandas de los fondos de inversión internacionales, que tienen un peso muy relevante en el accionariado de la compañía.La empresa responsable del transporte y operación del sistema eléctrico, cuyo mayor accionista es el Estado a través de la SEPI, podría solventar esa petición con una solución similar a la adoptada por otras empresas del sector como Repsol, Iberdrola y Enagás, que el año pasado nombraron a un segundo de a bordo para adaptarse a los estándares internacionales de Gobierno corporativo.El consejo de administración de REE se dio por enterado en octubre pasado de un informe de evaluación externa de desempeño del consejo, de sus comisiones y el presidente correspondiente al ejercicio 2011, cuando la empresa estaba presidida por el exministro socialista Luis Atienza.Entre las propuestas de mejora de dicho informe, elaborado por KPMG, la consultora recomendaba "considerar la conveniencia de separar las funciones del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad, funciones que recaen en la misma persona. La compañía podría valorar la conveniencia de designar un consejero independiente primero o vicepresidente que actúe como tal". "Hay varias fórmulas posibles y aún no está definido del todo", explica un portavoz de la empresa.La compañía señala en su Informe Anual de Gobierno Corporativo, publicado este miércoles, que KPMG ha destacado "el rigor, la independencia de criterio y el compromiso del consejo" de administración de la empresa "con las prácticas más avanzadas de gobierno corporativo".KPMG también propuso a REE "potenciar la independencia" del consejo (parcialmente renovado el año pasado), "estar más cerca de los inversores", "dedicar más tiempo a la estrategia y riesgos", una "mayor supervisión de la Alta Dirección", por ejemplo, potenciando "la supervisión de los aspectos relativos a las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos y los miembros de la alta dirección", así como "alinear las retribuciones a los intereses de los inversores y las expectativas externas".
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