Las distintas asociaciones de empresas de energías renovables buscan apoyos ante el temor a un posible hachazo en su remuneración, en el marco de la reforma energética en la que trabaja el Gobierno para intentar acabar con el gigantesco déficit de tarifa eléctrico (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), que ya supera los 24.000 millones de euros.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), Protermosolar y la Unión Española Fotovoltaica (Unef) difundieron este jueves un comunicado conjunto en el que piden al Gobierno “máximo respeto de la seguridad jurídica, entendida ésta en su más amplio sentido y no exclusivamente en el de la –de por sí indebida política y jurídicamente– retroactividad”. Esa es, dicen, la “única vía por la que España podrá mantener su credibilidad en el contexto internacional y la confianza de los inversores”. Estos operan “en sectores imprescindibles para el desarrollo de infraestructuras y la estabilidad financiera ante los mercados internacionales”.
El peso de la inversión extranjera ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por la patronal termosolar ante el Ministerio de Industria para que no recorte la retribución a las plantas que ya están en marcha o a las que lo harán de aquí a 2013. En concreto, esta asociación (cuyos principales socios son ACS, Abengoa y Acciona) ha planteado a Industria que empresas y fondos foráneos están presentes en un tercio de las plantas.
Por su parte, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), que agrupa a los pequeños productores de energías renovables, reclama al Gobierno que retrase la reforma y asegura que, tras reunirse esta semana con el comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger, este les ha prometido que llamará al ministro de Industria, José Manuel Soria, para crear un grupo de trabajo supervisado por la propia Comisión Europea que establezca un nuevo marco regulatorio que aporte seguridad y previsibilidad al sector. Oettinger ya expresó su apoyo a la energía termosolar a finales de mayo pasado.
La reforma podría aprobarse, en principio, en el Consejo de Ministros de la semana que viene, tras sucesivos aplazamientos. En el sector se cree que incluirá medidas fundamentalmente fiscales, como tasas a la producción y a los carburantes, aunque no está claro si la recaudación irá destinada a reducir el déficit tarifario o a aliviar la crítica situación de las cuentas públicas. Este jueves, el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, considerado el ideólogo principal de la reforma, rechazó concretar los planes del Gobierno para la termosolar en un almuerzo celebrado en un hotel madrileño.
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