El Ministerio de Fomento dio el pasado viernes los primeros pasos para la liberalización en el transporte de viajeros por vía férrea, obligatorio en cualquier caso por Bruselas a partir de enero de 2015. Las pretensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy es adelantar la fecha a julio del próximo año pero la medida supone recorrer tan sólo parte del camino pretendido por el Gobierno, que desemboca en la privatización.
Sin embargo, a lo largo de estos meses el equipo de Ana Pastor ha tenido que dar marcha atrás ante la evidencia de las cifras. El conjunto de empresas formado por Renfe Operadora, Adif y Feve registró el pasado año números rojos por valor de 454,3 millones de euros y un endeudamiento global de 20.730 millones de euros.
Con estos condicionantes se antojaba más que complicado iniciar un proceso de privatización que iba a resultar muy poco atractivo para los potenciales interesados. De este modo, el Gobierno decidió repetir la estrategia puesta en marcha con AENA, aunque sin la necesidad de realizar tantas maniobras porque la privatización parcial del gestor aeroportuario público ya estaba en marcha.
Entre las medidas puestas en marcha por Fomento para iniciar el proceso de liberalización se incluye la escisión de Renfe en cuatro compañías y la supresión de Feve, que se integrará tanto en Renfe (la parte operadora) como Adif (todo lo relacionado con la infraestructura).
Cascada de datos negativos
Según sus datos, hay 52 trenes de media distancia que registran una ocupación media inferior al 15% de su capacidad, "alguno de los cuales no llevan más de cinco pasajeros al día". "Además, hay 176 estaciones o apeaderos ferroviarios en los que no llega ni un sólo viajero diario", detalló la ministra.
A lo largo de su presentación, Pastor puso de manifiesto las múltiples ineficiencias que se dan actualmente en la estructura de Renfe, lo que justifica el hecho de que el Gobierno haya dado un paso atrás y haya tomado la decisión de dejar la privatización para más adelante.
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