El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, ha anunciado este miércoles que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactados inicialmente en el contrato, según había adelantado este mediodía El Confidencial.
"Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá la nota de preaviso de suspensión de los trabajos, de acuerdo a la subcláusula 16.1 de las condiciones del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas", indicó el consorcio en un comunicado enviado a Efe.
Con el preaviso, "la ACP tiene 21 un días para cumplir con los requerimientos solicitados" por el consorcio, unos "1.600 millones de dólares" en demandas económicas, tiempo durante el cual "los trabajos continuarán con normalidad", indica la amplia misiva del GUPC.
Cumplir con los requerimientos del consorcio "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que iniciaron en 2007 y se prevé que estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.
El consorcio, que además de Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, explica que tomó la decisión de anunciar la suspensión de las obras "ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas" sobre las peticiones económicas.
En la carta de preaviso se reitera que "ACP está al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al más alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto".
También dice "que, a pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el Administrador (de la ACP, Jorge Quijano) ha decidido no honrar dichos acuerdos", indica el GUPC.
"Por todo ello, GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyecta 1,6 billones de dólares en sobre costos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las Leyes Panameñas, y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuesta específicas ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha", agrega el texto del consorcio internacional. El GUPC se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
Según datos de la ACP, el proyecto de ampliación en su conjunto registra un avance de 70,7%, mientras que el de la construcción de los nuevos complejos de esclusas alcanza un 64%. El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varias exigencias económicas, una de ellas en 2012 por 585 millones de dólares, según datos de la ACP.
Posible arbitraje internacional
Las peticiones señalan que el retraso que sufrió la obra fue debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos del Canal de la mezcla de cemento para las esclusas, lo que generó mayores costos. Esa reclamación fue rechazada por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB) prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia y quedó como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional.
En diciembre pasado, el GUPC presentó a la ACP otra reclamación, por valor de 850 millones de dólares según informó a la prensa local Quijano, quien entonces dijo que, dada la complejidad del mismo "tomará bastante tiempo resolverlo".
El consorcio, en el comunicado difundido hoy, indica que "Quijano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato, como la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración".
"GUPC entiende que el Administrador ha incumplido las propias normas y regulaciones establecidas por la ACP en el propio contrato (...) ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra", indicó el comunicado oficial.
La administración de Quijano es acusada por el consorcio de hacer supuestamente "todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos".
"De cualquier forma, GUPC espera que en los próximos 21 días ACP cumpla con los requerimientos presentados por el consorcio con el fin de poder continuar con la obra (...) mientras, GUPC seguirá con su trabajo", indica el grupo de empresas en su nota.
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