Sacyr y FCC, los grupos constructores españoles que trabajan en las obras de ampliación del Canal de Panamá, están sufriendo en sus carnes la tensión generada en torno a la infraestructura en las últimas semanas, coincidiendo con una serie de acusaciones que han destapado presuntas irregularidades en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Estas cuestiones han coincidido con la publicación en prensa local de informaciones que hablaban sobre problemas relacionados con los trabajos que están llevando a cabo las compañías españolas.
Una de las informaciones más contundentes apareció el pasado martes en el periódico La Estrella de Panamá, que directamente se preguntaba si el consorcio que lidera Sacyr, adjudicatario del principal contrato de la ampliación (la construcción del tercer juego de esclusas), sería capaz terminar la obra. La noticia recogía la denuncia de despidos masivos de trabajadores y de los intentos de Sacyr por renegociar el contrato ante una supuesta situación de falta de liquidez.
Por su parte, FCC, encargada de la construcción de los accesos por el lado del Océano Pacífico (contrato conocido como el PAC-4), también se vio como protagonista de noticias llegadas desde Panamá en torno a una sanción por retrasos en los trabajos que repercutirían en el desarrollo de toda la ampliación.
Las dudas sembradas en torno a la ejecución de las obras del Canal de Panamá vienen a ensombrecer las noticias que los medios que no son afines al presidente panameño, Ricardo Martinelli, están divulgando sobre presuntas irregularidades en la ACP.
Acusaciones internas
La polémica se inició con unas declaraciones de la componente de la Junta Directiva del Canal Lourdes Castillo, en las que desvelaba que Rodolfo Sabonge, vicepresidente de Desarrollo y Planificación de la institución, estaba sometido a una investigación interna por supuestas conexiones entre el directivo y contratistas del Canal.
Sabonge renunció voluntariamente a su puesto en la ACP, un derecho que asiste a los altos cargos de la gestora del Canal, aunque la polémica ya estaba servida, toda vez que los procesos internos de la ACP son estrictamente secretos. De hecho, la institución ha guardado silencio y ni siquiera ha confirmado que existe una investigación en curso.
La situación tiene como escenario los últimos meses de la Administración Martinelli (antes de las elecciones que tendrán lugar en mayo), en los que están destapándose supuestos casos de corrupción relacionados con el Gobierno y con la propia persona del presidente. El último de ellos está relacionado con una hipotética sobrevaloración de una de sus propiedades, que fue revelado por el diario La Prensa, notablemente crítico con Martinelli.
El papel de Martinelli en los últimos meses también ha sido muy comentado por la decidida apuesta que llevado a cabo por los medios de comunicación. Tradicionalmente relacionado con el sector de la distribución, el presidente panameño se ha hecho recientemente con una serie de medios de comunicación, entre los que se incluyen tres cabeceras de prensa y seis emisoras de radio adquiridas precisamente a Prisa.
La oposición acusa a Martinelli de querer controlar estos medios para defenderse de los ataques que le están llegando con vistas a las próximas elecciones.
Pendientes de las reclamaciones
Mientras, la situación Sacyr en el Canal de Panamá no ha sufrido cambios. Es decir, la compañía sigue pendiente de las millonarias reclamaciones, valoradas en cerca de 600 millones de dólares, que realizó en su día por cuestiones relacionadas con los sobrecostes ocasionados por retrasos en permisos, problemas para obtener la adecuada mezcla para la producción de cemento y condiciones meteorológicas adversas.
“Las negociaciones que se están llevando a cabo con la ACP forman parte de las múltiples reuniones que se mantienen a diario con el cliente y las cuestiones que se tratan están siempre dentro del contrato”, señalan desde Sacyr.
Los retrasos a la hora de empezar el vaciado del cemento han hecho que se descarte por completo la entrega de la obra en la fecha prevista, octubre de 2014 (coincidiendo con el centenario de su puesta en funcionamiento), y el nuevo objetivo se sitúe en la primavera de 2015, cuestión que supondrá una penalización de 50 millones de dólares para el consorcio de Sacyr siempre y cuando no tenga éxito en los recursos planteados.
Mientras, la salida de trabajadores se corresponde con la finalización de determinados trabajos para los que fueron contratados. La prensa local daba cuenta los pasados días de la entrega al consorcio de unos 160 millones de dólares como consecuencia de una reclamación realizada por el grupo que lidera Sacyr. Sin embargo, no se trata de dinero adicional que ha llegado al grupo sino una serie de compensaciones contempladas en el contrato por cuestiones como la subida del precio de las materias primas y el incremento de los salarios de los trabajadores.
“Son cantidades que ha tenido que adelantar en su día el consorcio y que ahora se compensan, tal y como reflejaba el contrato”.
En el caso de FCC, los retrasos en el PAC-4 se corresponden con una serie de exigencias de la ACP que llegaron con las obras ya avanzadas. La compañía asegura que las conversaciones con la ACP son fluidas y que los pronósticos son de entregar a tiempo la obra.
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