El ambiente en Panamá sigue muy tenso en torno a los problemas de liquidez de las obras de ampliación del Canal. En la tarde del pasado miércoles, hora de Panamá, estaba previsto un nuevo encuentro entre las partes para tratar de acercar posturas. La reunión terminó por cancelarse, pese a que el tiempo apremia. Y por medio, y en este orden cronológico, se sucedieron la explosiva nota del consejero delegado de Impregilo, Pietro Salini, y la comparecencia del administrador principal del Canal, Jorge Quijano, ante la Asamblea panameña.
La comparecencia de Quijano ante una de las comisiones de la Asamblea, prevista con antelación, sirvió para que el ejecutivo diera cuenta de la gestión de la crisis en torno al Canal, después de que el pasado 30 de diciembre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr, enviara un preaviso de paralización de las obras si en el plano de tres semanas no se les atendían sus reclamaciones por sobrecostes, que se elevan hasta los 1.600 millones de euros.
Quijano fue contundente, casi tanto como el comunicado de Salini. El máximo responsable de la ACP señaló que la institución ya tiene encima de la mesa el nombre de la empresa que se haría cargo de lo que resta de ampliación del Canal en el caso de que el contrato con GUPC fuera rescindido por la detención de los trabajos.
En el caso de que tuviera que dar este paso, la ACP se haría cargo de las obras mientras que la empresa que contrataría tendría una función más administrativa. Qujiano detalló que la ACP aportaría los fondos necesarios para afrontar la finalización de los trabajos mientras se resolviera el asunto de la ejecución del aval depositado por el consorcio.
Críticas por ambos bandos
La comparecencia de Quijano se produjo tras la emisión de un comunicado por parte de Pietro Salini en el que hacía, en nombre de GUPC una propuesta para resolver los problemas de liquidez distinta de la que tan sólo 24 horas antes había formulado el grupo de empresas que, además de Impregilo y Sacyr, componen también la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
La nota no ha contribuido a la distensión sino, más bien, a todo lo contrario. Cayó como una bomba en el seno de la ACP que, además, era blanco de las críticas en el texto firmado por Salini, en el que acusaba a la administración canalera de inexperta en este tipo de obras y auguraba que si finalmente tomaban el control de las obras, el retraso que acumularían éstas se iría hasta los tres años (el previsto actualmente es de nueve meses).
Jorge Quijano se limitó a decir que la propuesta de Salini no estaba dentro del contrato, en tanto en cuanto el ejecutivo italiano pedía a la ACP que adelantara parte de las reclamaciones realizadas por el consorcio (hasta 1.000 millones de euros) sin que las instancias contempladas en el contrato hubieran tomado aún una decisión al respecto.
Sin embargo, sí afeó tanto la presentación de propuestas distintas en apenas 24 horas como el hecho de hacerlo a través de comunicados a los medios y no en los encuentros que han mantenido.
Casualidad o no, el caso es que la reunión entre la ACP y GUPC quedó cancelada hasta nueva orden tras el devenir de estos acontecimientos.
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