La empresa tecnológica Safeview ha convocado Junta de accionistas el próximo día 8 de febrero para aprobar las cuentas del pasado ejercicio y explicar la situación en la que se encuentran las negociaciones con los acreedores para evitar la declaración de concurso de acreedores. La compañía, vinculada al exgerente del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel, detenido el pasado año en la Operación Lezo, se ha acogido al artículo 5.bis de la Ley Concursal declarándose en preconcurso de acreedores.
Ildefonso de Miguel constituyó Safeview en el año 2002, entonces bajo la denominación social de Secuenzia Pixel. De Miguel dejó la presidencia de la empresa en mayo de 2004 para ocupar la gerencia del Canal de Isabel II, presidida entonces por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Su cuñado Fernando Ruano le sustituyó al frente de Secuenzia Pixel. La empresa, desveló la cadena Ser en 2008, recibió en 2007 un contrato de la Comunidad de Madrid de casi dos millones de euros para el suministro de las aplicaciones que componen el sistema de Información Judicial de la Comunidad de Madrid
Safeview, especializada en el desarrollo de software para el mercado de la televisión de pago, recibió una subvención de 1,94 millones de Madrid Network, organismo creado en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, que repartió subvenciones millonarias entre decenas de empresas, algunas de ellas vinculadas a antiguos cargos de la Administración y muchas de ellas a día de hoy en situación concursal. En 2013 Safeview incumplió los pagos y fue demandada. La empresa ha recurrido las sentencias favorables a Madrid Network al Tribunal Supremo. Otra empresa de Ildefonso de Miguel, Saerco, percibió otros 1,25 millones de euros de Madrid Network para un proyecto de torres de control en aeropuertos. Además, según las cuentas de 2016 de Safeview, la empresa ha recibido una subvención de 0,21 millones de euros del Centro para el Desarrollo tecnológico e Industrial, Cedeti, dependiente del Ministerio de Economía.
Safeview ha acudido al CDTI, del Ministerio de Economía, para participar en un proyecto en China
Aunque Ildefonso de Miguel dejó la presidencia de Safeview en 2004, otra de sus sociedades, Zubenelgenubi, está vinculada a la compañía. Ambas firmas están domiciliadas en la misma dirección, en Madrid.
El 25 de abril de 2017 el juez Eloy Velasco, entonces en la Audiencia Nacional, envió a prisión a De Miguel en el marco de la Operación Lezo imputado por presuntos delitos de blanqueo, prevaricación, fraude, cohecho y pertenencia a organización criminal. El juez le relacionó con el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal de Isabel. Un día después de ser detenido, De Miguel pagó los 100.000 euros de fianza para eludir la cárcel.
Pérdida de confianza
En las cuentas de 2016 de Safeview, firmadas a mediados de 2017, a las que Vozpópuli ha accedido a través de Insight View, la empresa se refiere a los sucesos ocurridos en abril de ese año, a los que responsabiliza de su actual crítica situación.
La empresa trataba de lograr una adjudicación en Argelia valorada en 5,9 millones
"El pasado mes de abril ocurrieron unos hechos que constituyen por sí mismos un riesgo reputacional para la empresa, que ha causado un daño a su imagen pública", explica la compañía. "Nos referimos a determinadas investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional en relación con presuntas actuaciones ilícitas realizadas en la Comunidad de Madrid, que no teniendo que ver con la entidad de forma directa, han repercutido en su imagen reputacional", dice. "La concurrencia de estos hechos", continua, "ha llevado de manera inmediata a una pérdida de confianza de ciertos grupos de interés, en particular ha tenido un efecto bastante significativo con respecto a las entidades financieras, clientes y trabajadores".
Safeview lamenta en sus cuentas de 2016 que los hechos relacionados con la Operación Lezo -la compañía no llega a referirse a la investigación con ese nombre- ha provocado que "todas las entidades financieras" con las que trabaja la empresa hayan reaccionado "de forma negativa suspendiendo cautelarmente todas las vías de financiación". Los bancos han comunicado a Safeview "su firme decisión de no renovar ninguna de las líneas de créditos que actualmente tiene vigentes", así como su negativa a "estudiar cualquier tipo de operación financiera" mientras no se resolviera el riesgo reputacional.
La compañía explica que, en paralelo a las negociaciones con la banca, ha "recurrido al CDTI", concretamente al programa Hispano-Chino para desarrollar una plataforma de telecomunicaciones en colaboración con una empresa china, con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Safeview indica que el proyecto podría requerir de aval bancario, lo que en la situación actual sería imposible de lograr.
Proyecto con Telefónica en África
Safeview, que en 2016 perdió 0,46 millones -ganó 0,27 millones en 2015- y facturó 1,39 millones -2,8 millones en 2015- cuenta con varios proyectos internacionales. El más importante para la compañía es un contrato, asociado con otra compañía, en Argelia para el desarrollo de infraestructuras para la televisión digital terrestre en el país, valorado en 5,9 millones de euros. Sin embargo, Safeview explica que han surgido "discrepancias jurídicas" que no aseguran el proyecto.
La compañía asegura que también estudia introducirse en el mercado de contenidos digitales vía satélite en Nigeria. Y que "ha surgido" una oportunidad similar en África de la mano de Telefónica en Proyecto Pro Futuro. La compañía asegura que Telefónica Servicios Audiovisuales ha seleccionado a Safeview para el envío de contenidos.
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