Dos meses después del anuncio sorpresa, 45 días más tarde de sellar el protocolo de fusión con los sindicatos, el Santander sigue sin desvelar a cuantos trabajadores (entre 3.000-3.500, según las centrales) del grupo afectará la integración de Banesto y Banif. En Boadilla explican su negativa en que el proceso no es un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sino un ajuste negociado a tres años concentrado en tres vías: prejubilaciones, bajas incentivadas y ausencia de medidas traumáticas. Más allá del rodeo semántico, que sólo fomenta incertidumbre en las plantillas, el Santander parece poco dispuesto a que las negociaciones varíen el coste total del ajuste que maneja José Luis Gómez, director general adjunto y director de Recursos Humanos del grupo presidido por Emilio Botín.
El Santander pretende darle velocidad a las negociaciones para cerrar un acuerdo antes de Semana Santa. Los representantes del banco y sindicatos vuelven a reunirse mañana en Boadilla. Un encuentro al que se llega con el compromiso del grupo financiero de pagar una cantidad cercana a los 45 días por año trabajado para aquellos trabajadores menores de 49 años que decidan acogerse a la baja incentivada. Gómez presentó la propuesta el pasado viernes, elevando así la oferta inicial de 33 días, la indemnización por despido improcedente que marca la nueva reforma laboral.
Esta ventana de salidas voluntarias contendrá además una serie de primas adicionales por definir. El Santander estaría dispuesto a ofrecer un plus por pronta aceptación de la baja incentivada, además de la exención fiscal de la cuantía percibida. Sin embargo, los sindicatos han presentado otras fórmulas a la mesa de negociación.
El Santander no clausará Mesena. La sede de los servicios centrales de Banesto continuará operativa tras la fusión, pero muy adelgazada de estructura
En la última reunión, celebrada el pasado viernes, el grupo financiero empezó a desvelar la hoja de ruta por la que se moverá el ajuste. Según fuentes sindicales, la intención del Santander es fusionar de forma inmediata, una vez firmado el acuerdo, los servicios centrales y las estructuras intermedias (territoriales o direcciones de zona) con el fin de evitar duplicidades. El proceso de ajuste en la red será más lento, iniciándose tras la fusión efectiva, el próximo 3 de mayo.
Incluso la intención del grupo rojo, según explican fuentes sindicales, es seguir manteniendo a Banesto, en el corto plazo, como una unidad separada de negocio dentro de la ya fusionada estructura del Santander. “La plantilla y red serán ya del Santander pero la operativa se mantendrá por el momento diferenciada”, explican en los sindicatos.
La fusión de los servicios centrales no implicará un éxodo masivo de Mesena, actual sede principal de Banesto, a Boadilla. En la reunión del viernes, los responsables de recursos humanos del Santander explicaron que el edificio de Mesena continuará operativo, aunque lógicamente adelgazado de estructura. El movimiento en la plantilla de los servicios centrales de Banesto comenzó hace unas semanas. Los trabajadores que se adherieron a la opción de movilidad geográfica ya han comenzado a pasar las pruebas de inglés, como informó este medio hace unas semanas, para un próximo cambio de destino internacional.
El grupo presidido por Botín no parece dispuesto, sin embargo, a ofrecer muchas concesiones a la propuesta de prejubilaciones que ofreció la pasada semana. Las condiciones iniciales planteadas a los representantes de su plantilla hablan de un plan de salidas para los trabajadores de 58 o más años, cifra que se reduce a los 55 años para el personal de Madrid, debido al importante foco de duplicidades en la región. Según los cálculos de los sindicatos, Banesto cuenta con una población de trabajadores prejubilables de 1.000 empleados a lo largo de los dos próximos años. En el Santander, la cifra podría llegar a duplicarse.
Los sindicatos quieren mejorar la oferta de prejubilaciones que contempla que los trabajadores cobren el 70% del sueldo. Se pretende aumentar hasta el 90% del salario
Los beneficiarios del programa se irían cobrando el 70% de su salario base hasta que accedan a la jubilación. Los sindicatos proponen un aumento que pueda alcanzar al 90% del salario. El Santander se comprometió el pasado viernes a “darle una vuelta” a la propuesta.
En este aspecto, las centrales sindicales pretenden blindar a los beneficiarios del programa de prejubilaciones ante la posible reforma que estudia Empleo para endurecer el acceso a la jubilación. La idea es que en paralelo al retraso en la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, también se eleve la edad de acceso a la jubilación anticipada de los 61 a los 63 años. Un cambio que podría perjudicar a los prejubilados, a los que normalmente su empresa les cubre un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 61 años y podrían quedar ahora con dos ejercicios sin cotizar.
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