Banco Santander considera que no es posible anticipar, por el momento, el impacto económico de las acciones legales que surjan a raíz de la resolución de Banco Popular y su posterior adquisición al precio simbólico de un euro, según consta en las cuentas anuales resumidas de la entidad.
El banco que preside Ana Botín asegura que ha estimado de forma "fiable" el impacto de los procesos judiciales abiertos contra la entidad en el curso normal de sus negocios. Además, indica que ha reconocido, cuando así se requiere, "provisiones adecuadas" que cubren "razonablemente" los pasivos que podrían derivar de estos procedimientos.
Por ello, entiende que las responsabilidades que podrían surgir a raíz de los procesos fiscales o legales en marcha "no tendrán un efecto significativo adverso" sobre su negocio, situación financiera o resultados.
No obstante, Santander avisa en el documento de que la resolución de Popular "no tiene precedentes en España ni en ningún otro Estado miembro", por lo que incide en que no se puede descartar que se presenten recursos contra la resolución, efectuada por la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), o reclamaciones frente a Popular, Santander u otras entidades del grupo cántabro vinculadas con su adquisición.
"Desde la adquisición de Popular por Santander, diversos inversores, asesores u operadores financieros han anunciado su intención de analizar y, en su caso, confirmado la interposición de reclamaciones de diversa índole en relación con la referida adquisición", apunta Santander.
En relación a estos recursos o reclamaciones, el banco subraya que "no es posible anticipar las pretensiones concretas que se harían valer, ni sus implicaciones económicas". En particular, Santander contempla que las eventuales reclamaciones no cuantifiquen sus pretensiones, aleguen interpretaciones jurídicas nuevas o involucren a un "elevadísimo" número de partes.
En cualquier caso, Santander compensará con 980 millones de euros a algunos accionistas minoritarios afectados por la resolución de Popular a través de un bono de fidelización con la condición de que rechacen emprender acciones legales contra el banco cántabro, entre otros requisitos. Asimismo, los clientes que adquirieron deuda subordinada de Popular en las emisiones del 29 de julio y el 14 de octubre de 2011 también tienen acceso a la oferta de compensación.
Esta acción comercial, que persigue reforzar la relación de Santander con sus clientes, tendrá un coste máximo de 680 millones de euros para Santander en el momento de su concesión y, según los cálculos de la entidad, la "gran mayoría" de los clientes y empleados de Popular que acudieron a la ampliación de capital de mayo y junio de 2016 recibirán una compensación que cubre íntegramente el importe que invirtieron.
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