Sol Daurella y su equipo siguen sin librarse de ser la imputación y de ser investigados por vía penal debido a su administración de la planta de Cacaolat en Utebo (Zaragoza). La Audiencia Provincial zaragozana se ha pronunciado por segunda vez a favor de que la titular del juzgado de instrucción número 8 de la capital aragonesa investigue si Daurella, presidenta de Coca-Cola, su segundo Víctor Rufart, Demetrio Carceller (presidente de Damm), Jorge Villavecchia, Francesc Lluch y Luis Victory de Sintas sean juzgados por posibles delitos contra los trabajadores de la planta. Contra estos altos directivos, que declararon ante la justicia en noviembre, pesan los cargos de estafa procesal, administración desleal y delito contra los trabajadores.
Se trata de una auténtica y poco habitual partida de ping-pong judicial. Los jueces de instrucción han sobreseído en dos ocasiones la causa tras escuchar a las partes, la última el 10 de diciembre, pero por dos veces la Audiencia Provincial, compuesta por el presidente Rubén Blasco y los magistrados Carlos Lasala y Alfonso Ballestín, ha ordenado al juzgado ordinario que reabra e investigue la causa. UGT Aragón, que es quien ha llevado la representación legal de los trabajadores en manos del abogado Eladio José Mateo, ha compartido este martes en Zaragoza el auto de la Audiencia Provincial donde se 'tira de las orejas' al juez de instrucción por no investigar el caso.
"Sólo hemos pedido que nos enseñen justificantes de que se hicieron las inversiones prometidas. Si no los enseñan, es que no se han hecho", señala el abogado
Los delitos de Daurella y su equipo serían presuntamente según este tribunal haber incumplido los acuerdos firmados y por los cuales se les adjudicó Cacaolat en competencia con Capsa (Central Lechera Asturiana). En el texto de la Audiencia, se considera que Daurella y su equipo "incumplieron" los acuerdos a los que llegaron cuando se les adjudicó Cacaolat por 4 millones de euros. "Entre las condiciones del plan estaba la reactivación de la empresa con el mantenimiento de los puestos de trabajo (...) Siendo así, es claro que no se produjo la inversión, que no se utilizaron las vías de distribución de las mercantiles adquirientes y que la plantilla no se mantuvo pues quedó suprimida con los ERE tramitados por la empresa".
La Audiencia también deja caer la posibilidad de que se haya incurrido en "estafa procesal, engañando al juez de lo mercantil invocando un plan de mantenimiento y recuperación de sus puestos de trabajo que ya se sabía que no se iba a desarrollar".
Tal vez una de las pruebas claves que solicitó la representación jurídica de los trabajadores fue que la sociedad que montaron Daurella-Carceller para Cacaolat Utebo enseñe los justificantes de esos 4 millones de euros que prometieron inverir. "Entiendo que son ellos los que tienen que aportar los justificantes de que sí que han invertido estos 4 millones, que es lo que nosotros le solicitamos. Yo creo que aquí es evidente que no se ha hecho la inversión prometida, porque tanto los trabajadores como los que hemos visto las cuentas de las sociedades lo sabríamos", ha manifestado a este diario el abogado de la parte querellante, que se muestra cauto pues tiene que ser de nuevo el juzgado el que retome la causa "cuando llegue su turno".
Un proceso largo
Los hechos juzgados se remontan a 2011, cuando Cacaolat entró en concurso de acreedores lastrado por la pésima gestión del grupo al que pertenecía, Nueva Rumasa. Un consorcio formado por Damm (Carceller) y Cobega, el antiguo embotellador catalán de Coca-Cola (Daurella) presentó el proyecto que fue aceptado por los administradores concursales: alrededor de 70 millones pagaron por la marca (con dos fábricas, una en Barcelona y una en Zaragoza) gracias a que presentaron un proyecto ambicioso de mantenimiento de la producción y el empleo.
Pero, y aquí empieza la denuncia de los trabajadores de la planta de Cacaolat en Utebo (Zaragoza), una vez conseguido, Daurella no cumplió con nada de lo prometido según aseguran. En lugar de mantener las inversiones, los trabajadores denuncian que se redujo totalmente la apuesta por la factoría maña y que se trasladó toda la producción a la planta de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en contra de lo estipulado. Para la plantilla aragonesa, tres oleadas de despidos que acabaron con el cierre de la planta hace ahora dos años. "Ellos nos hicieron muchas promesas y se le concedió a pesar de que había muy buenos proyectos industriales de Central Lechera Asturiana o de Calidad Pascual. En febrero de 2012 se hicieron con la planta y en junio de 2012 hicieron un ERE para el 50%. En octubre de 2013 cerraron. Prometieron 4 millones de euros de inversiones para competir y desde el día 1 nada", aseguró en su momento a este diario Pablo Sanz, miembro del comité de empresa de Cacaolat en Utebo.
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