Empresas energéticas y grandes fondos siguen cercando al Gobierno español con su guerra de laudos. La Corte Federal Suiza acaba de confirmar otra condena al Estado español, obligado a pagar casi 30 millones de euros a la francesa EDF. La decisión adoptada en Laussane es un capítulo más de la larga batalla que lidia Moncloa desde hace años, por la retirada de primas a las energías renovables, durante el mandato de Mariano Rajoy.
La condena de la Corte Federal Suiza fue conocida en abril del pasado año. El Ejecutivo apeló, alargando un nuevo litigio que ha culminado con malas noticias para el lado español. Los abogados del Estado intentaron anular el laudo, elegando que el derecho europeo no permite celebrar acuerdos de arbitraje en litigios intra-europeos.
La Justicia helvética, sin embargo, consdira que el artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía respalda la reclamación de EDF. Los magistrados suizos aseguran que que, puesto que el arbitraje se celebró en Suiza, no cabe apelar a una sentencia europea cuyo alcance está limitado a las fronteras interiores de la UE.
La factura de las renovables
La nueva condena sigue engordando las facturas pendientes. La guerra de laudos ha elevado hasta los 1.550 millones de euros las obligaciones de pago. A esa cantidad hay que sumbar otros 250 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas o contratación de bufetes. En total, Moncloa carga ya con 26 condenas impuestas, todas motivadas por los laudos en torno a las primas de las renovables.
La negativa del Estado a ejecutar los pagos ha motivado la puesta en marcha de distintos procesos de embargo. De hecho, hay bienes españoles en el extranjero bloqueados por confiscaciones cautelares.
El último caso debatido en Suiza procede de una denuncia presentada por EDF en 2016. El proceso siguió las reglas de arbitraje de la ONU (UNCITRAL) y se administró ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La compañía francesa reclamó 52,8 millones de euros, mientras que la sentencia final reconoce una obligación de 29,6 millones que España debe desembolsar.
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