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Los técnicos de seguridad nuclear creen que la decisión de cerrar Garoña hiere su credibilidad

La asociación que engloba a los profesionales de este sector ha asegurado este martes que la no renovación de la autorización socava la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Los técnicos creen que se ha trabajado un número de horas "ingente" a pesar de que había indicaciones de que la decisión política sería "contraria".

La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha informado hoy de que la decisión del Gobierno de no renovar la autorización para la reapertura de Garoña anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, socava la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Así mismo, Astecsn ha informado en un comunicado de que "se ha trabajado un número de horas ingente (30.000 según el propio CSN) cuando ya había indicaciones suficientes de que la decisión política final sería contraria".

La Astecsn, integrada por técnicos del Cuerpo Superior de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, ha denunciado además que este esfuerzo ha "detraído recursos" de otras actividades necesarias para el mantenimiento de la seguridad de las instalaciones nucleares.

Considera que el expediente de la central nuclear Santa María de Garoña, ubicada en el burgalés Valle de Tobalina (Burgos) y a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Vitoria, "se ha gestionado de forma inadecuada" y habrá que sacar lecciones aprendidas para el futuro.

"La energía nuclear no se puede gestionar ignorando la exigencia ciudadana de máxima transparencia y sin unos responsables de los que tengamos la debida garantía de independencia", dice el comunicado de la Astecsn. La asociación acusa al CSN de ignorar sus propuestas al considerarlas como una "injerencia".

La Astecsn ha anunciado que mantendrán una actitud activa y vigilante hacia el cambio "imprescindible que demanda la sociedad española" y que denunciarán aquellos hechos que entienda son incumplimientos normativos o que reflejen la "mala praxis" en el CSN.

Los técnicos han propuesto, entre otras medidas, trabajar con documentos electrónicos a los que solo tengan acceso los técnicos del organismo para evitar filtraciones. Además, no hacer debates públicos del Pleno cuando toma resoluciones de envergadura.

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