El consejo de administración de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se ha puesto de perfil en la polémica sobre la pérdida de competencias de este organismo al ser integrado en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). Están en juego sus puestos y la posibilidad de que algunos de ellos sean nombrados consejeros del nuevo superregulador. De ahí que no hagan ruido alguno.
Pero los máximos responsables de las áreas de actividad del organismo y el cuerpo técnico en pleno sí que se están movilizando para denunciar la pérdida de las principales competencias de la que ahora será subsede de la CNMC en Barcelona.
Han detectado que el Anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que ya ha sido enviado para su dictamen preceptivo al Consejo de Estado, podría ser la vía a través de la cual el Gobierno quitará las principales competencias a la CMT para que sean asumidas por el Ministerio de Industria.
Según las fuentes consultadas, competencias como el registro de operadores, la resolución de conflictos, la interconexión, la portabilidad entre compañías y la numeración, todas ellas ahora en manos de la CMT, podrían pasar a depender de Industria.
Las competencias que la CMT 'salvó' gracias a la presión de Bruselas (registro, resolución de conflictos, interconexión, portabilidad) podrían ahora recaer en Industria tras la aprobación de la nueva Ley de Telecos, ya en el Consejo de Estado
El Ministerio que dirige José Manuel Soria ya se ha quedado, tras la aprobación de la Ley de la CNMC, con la recaudación de las tasas que pagan los operadores (Telefónica, Orange, Vodafone, Jazztel...) para financiar el funcionamiento del regulador de telecos así como las tasas por numeración telefónica y las de reserva del dominio público radioeléctrico.
Fue esta última la única competencia que el Ejecutivo pudo arañar a la CMT después de la dura amenaza de la Comisión Europea al ver la redacción inicial de la Ley para crear el nuevo superregulador, que preveía vaciar de contenido al regulador de telecos y dejar en Barcelona una subsede poco más que testimonial para contentar a CiU.
Las duras cartas de la Comisaria de la Agenda Digital y vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, en las que amenazó incluso con abrir "un procedimiento de infracción" contra España por la falta de independencia del regulador, surtieron efecto y el Gobierno dio marcha atrás.
Para contentar a Bruselas, el Ejecutivo español cambió la redacción de la Ley y la CMT se ‘salvó’. Pero “la trampa está”, denuncian las fuentes consultadas, “en que el texto de la Ley de la CNMC atribuye las competencias a la que será la nueva Dirección General de Telecomunicaciones, antes CMT, remiténdose siempre a ‘los términos establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones’ 32/2003”.
La Ley de la CNMC supedita las competencias en telecos a la Ley de Telecomunicaciones, que se va a cambiar a gusto del Gobierno en los próximos meses, denuncian en el entorno de la CMT
Son competencias consagradas en una Ley que ahora dejará de estar en vigor. El temor existente en el seno de la CMT es que el Gobierno tratará de reducir en lo máximo las competencias atribuidas ahora a la subsede a través de la nueva Ley General de Telecos, que aprobará este año, para que sea Industria la que las asuma. Eso sí, esta triquiñuela legislativa se tratará de llevar a cabo sin irritar a la Comisión Europea.
Los altos directivos de la CMT y el cuerpo técnico ya han denunciado internamente las posibles intenciones de Industria y elevarán su queja a Bruselas, señalan fuentes del entorno del organismo regulador. CiU, el partido valedor de la permanencia de la Dirección General de Telecomunicaciones de la CNMC en Barcelona, ya ha sido informado de este malestar y se mantendrá vigilante, afirman estas fuentes.
La Comisión Europea será informada de las tentaciones de Industria a la hora de aprobar la nueva Ley y CiU, valedora de la subsede de Barcelona, se mantendrá vigilante en el proceso parlamentario
La nueva Ley General de Telecomunicaciones entrará en proceso parlamentario en paralelo al desarrollo operativo de la CNMC, que además de a la CMT integrará organismos hasta ahora tan poderosos como la Comisión Nacional de Competencia o la Comisión Nacional de la Energía, entre otros. El Gobierno se ha dado cuatro meses, hasta octubre, para poner en marcha el nuevo superregulador, nombrar a su presidente y a los nueve consejeros, y crear todas sus direcciones generales y áreas de actividad.
Pero la comisaria Kroees ya ha avisado que estara muy vigilante. En su última carta, en resupuesta a la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, se quejó a finales de mayo de que algunas “preocupaciones” comunitarias en torno a la futura legislación “no han sido abordadas” y volvió a recordar que se adoptarán las “medidas necesarias” si los problemas persisten cuando entre en vigor. Bruselas sigue mostrando "algunas preocupaciones como el nombramiento y cese de los miembros del consejo y la atribución de ciertas competencias que no han sido abordadas en la ley que finalmente ha sido adoptada”.
Una de las dudas que acechan a Kroees es si el área de telecos tendrá independencia financiera y no ve con buenos ojos que sea Industria la que tenga la última palabra en la aprobación de su presupuesto anual
Una de las dudas que acechan a Kroees es si la CNMC gozará de la suficiente independencia financiera para mantener su autonomía de funcionamiento frente al poder político. Sobre todo en el área de telecos, ya que los operadores van a seguir pagando sus tasas, pero aún no se ha garantizado que haya una contabilidad financiera separada para que este dinero proveniente de las tasas sólo vaya destinado al área de telecos.
Fuentes del sector de las telecomunicaciones critican que a partir de ahora la Dirección General de Telecomunicaciones tendrá que proponer anualmente su presupuesto de ingresos y gastos al Ministerio de Industria, que podrá aceptarlo o denergarlo, "lo que les da un poder y una discrecionalidad que ahora con la CMT no tienen.
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