El caso Banco Popular no se toma un respiro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha admitido las primeras demandas de accionistas afectados por la resolución de la entidad española. Ya hay al menos dos recursos aceptados por el Tribunal de Luxemburgo: el de la Mutualidad de la Abogacía, que ha perdido 54 millones; y el de la Hermandad de Arquitectos, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
Estas demandas son dos más de las presentadas por decenas de grandes inversores que perdieron sus acciones y bonos en Popular debido al rescate exprés de la entidad. Ya hay recursos presentados o anunciados por valor de 2.000 millones, que tienen que llegar como tope el próximo 12 de septiembre.
En el caso de la Mutualidad de la Abogacía, las minusvalías fueron reconocidas abiertamente por el presidente la Mutualidad, Enrique Sanz, limitándolas al 0,7% de la cartera: "Nos enfrentamos a una situación inédita, excepcional e imprevisible [...] pues hasta el mismo momento en que se consumó este expolio, nadie había contemplado, como alternativa a la ampliación de capital o a la venta del banco, la intervención por parte del regulador europeo. Es más, hasta pocos días antes de la intervención, tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España afirmaban públicamente la solvencia y viabilidad de la entidad".
La Mutualidad, que es dueña de oficinas de Popular (como la que ilustra la noticia en Valladolid), se ha puesto en manos del bufete Ramón C Pelayo Abogados para recuperar su dinero. Es el mismo despacho que representa a la Hermandad de Arquitectos y a la Unión Europea de Inversiones (UEI), entre otros demandantes.
La UEI es uno de los accionistas simbólicos del Popular, agrupando algunas de las familias históricamente ligadas al banco y al Opus Dei. La resolución de la entidad financiera, en la que tenía un 3%, ha supuesto la disolución de esta sociedad.
Junto a la UEI, hay decenas/cientos de sociedades de la Sindicatura que están reclamando ante los tribunales europeos y españoles después de perder toda su inversión en Popular. Algunos de estos inversores y empresas tenían tanto acciones como bonos en cartera.
Próximos pasos
Tras la admisión de la demanda, se espera que en las próximas semanas el Tribunal de Luxemburgo haga lo propio con el resto de los recursos, entre los que destacan los de Pimco (llega en una semana), Luksic (septiembre), Del Valle y varios accionistas minoritarios.
Será entonces cuando se aclare si hay una sola causa común para todo el caso Popular o si se divide en distintas piezas. Y se conocerán los próximos pasos a seguir, pidiendo documentación a las distintas partes (BCE, JUR, Banco de España, Popular...) y aceptando/denegando interrogatorios. Uno de los demandantes ha pedido que testifiquen el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Junto a ello, todos los demandantes del Popular están preparando su artillería legal para presentar en la Audiencia Nacional frente a la decisión del Frob. Ya hay también varias demandas admitidas -como la de Del Valle que pide que se paralice la venta- y el resto llegarán en septiembre.
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