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Los tribunales rechazan la intervención judicial de Gedesco

  • El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia mantiene la actual administración de la sociedad

El Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia ha descartado la intervención judicial del Grupo Gedesco, por considerar que

  • El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia mantiene la actual administración de la sociedad

El Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia ha descartado la intervención judicial del Grupo Gedesco, por considerar que los hechos alegados por el fondo americano JZI no están acreditados, manteniendo a los socios fundadores (Antonio Aynat y Javier García Escrivá) en la gestión y administración de las sociedades.

El auto, conocido este jueves 29 de junio, muestra su perplejidad por el hecho de que JZI haya acudido a la jurisdicción penal sin antes haber solicitado medida alguna en el ámbito de la jurisdicción mercantil, y califica de desproporcionada la medida cautelar de administración judicial al suponer “una intervención radical y desmesurada”, añadiendo que el relato fáctico de la querella contiene “hechos y elementos que distan en este momento, de estar acreditados”.

En el Auto, el Juez reprocha a la querellante JZI la aportación parcial de documentación; considera la querella “vaga e incompleta” y resta credibilidad a las declaraciones notariales de los Sres. Buch y Bernia, calificando de “tierno” su valor indiciario. El Auto tacha el relato de la querellante como impreciso e “incoherente con la configuración subjetiva del proceso y la legitimidad para el ejercicio de acciones por daño patrimonial”.

Antonio Aynat y Javier García Escrivá seguirán al frente de Gedesco

La resolución destaca que las supuestas entidades perjudicadas por los hechos ni tan siquiera son parte del procedimiento, ni han ejercitado acción penal alguna frente a los Consejeros de la financiera valenciana. El juez viene a reconocer implícitamente el carácter instrumental de la querella interpuesta, careciendo de relevancia penal.

En un detallado examen de las cuestiones planteadas, el juez ha descartado el amplio abanico de medidas cautelares interesadas por la querellante, entre la que se encontraba la administración judicial de la sociedad matriz y sus filiales, concluyendo al respecto que “la medida cautelar de administración judicial se considera desproporcionada porque supone una intervención radical y desmesurada en el ámbito de los intereses de los socios querellados, sobre la base de un relato fáctico de imputación extremadamente amplio y sobre la base de hechos y elementos que distan en este momento, parte de ellos, de estar acreditados. La concatenación precisa de dicho plan o estrategia a hechos de relevancia penal patrimonial, o falsaria, resulta en ocasiones vaga e incompleta”.

Asimismo, el Auto descarta la adopción de otras de las medidas cautelares solicitadas por JZI como era el cese de administradores y consejeros o las relativas a la compañía Stator y sus filiales.

El Auto descarta la adopción de otras de las medidas cautelares solicitadas por JZI como era el cese de administradores y consejeros o las relativas a la compañía Stator y sus filiales

Para mantener el status quo,  el Juzgado ha ordenado igualmente a los socios de Gedesco que no se lleve a cabo ninguna transacción que afecte a la composición del capital social del Grupo ni sus filiales.

En una primera valoración de la decisión judicial, el consejero delegado de la compañía, Antonio Aynat, considera que esta "deja sin excusas a quienes sólo buscaban perjudicar los intereses del Grupo y forzar una liquidación que culminara la espiral de desinversión de JZI en España sin atender a sus responsabilidades. Estamos dando la vuelta a la tortilla y estamos demostrando que los que comenzaron acusando terminarán en el paredón de la justicia por sus tropelías”.

Hay que recordar que los ahora reforzados como administradores de Gedesco, Aynat y García Escrivá, tienen interpuesta una querella multimillonaria contra JZI en Estados Unidos por múltiples delitos. Y que Máximo Buch y Ernesto Bernia también están acusados de presuntas estafas a Gedesco y a sus socios por valores que podrían alcanzar los 50 millones de euros.

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