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Se retrasa la primera sentencia del Supremo sobre cláusulas suelo tras el 21-D: Unicaja llega a un acuerdo con los clientes

La primera sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo tras la del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a las entidades financieras a devolver todo lo cobrado por este producto, tardará más en llegar de lo esperado.

Unicaja ha llegado a un acuerdo con los clientes que demandaron a la entidad por el cobro de cláusulas suelo antes del año 2013 en un pleito que llegó al Tribunal Supremo. Se trataba del primer recurso sobre el que el Supremo iba a pronunciarse tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a los bancos a la devolución de lo cobrado por cláusulas suelo.

Al haberse alcanzado un acuerdo entre Unicaja y los clientes, el Supremo no dictará sentencia sobre el asunto hasta que tenga que pronunciarse sobre otro recurso similar, por lo que la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo tras la sentencia europea no ocurrirá en enero como estaba previsto, explican fuentes judiciales.

El Supremo tiene "bastantes" sentencias sobre cláusulas suelo estancadas desde hace meses -la primera era la de Unicaja- a la espera de que el tribunal europeo se pronunciara al respecto, lo que ocurrió el pasado 21 de diciembre. La caja iba a ser, previsiblemente, la primera entidad española a la que se le aplicara la retroactividad total. A partir de la sentencia del Supremo, los tribunales inferiores podrían dictar también la retroactividad total.

Las fuentes judiciales consultadas no han podido precisar cuándo llegará al Pleno del Tribunal Supremo el próximo recurso sobre cláusulas suelo, pero advirtieron que podría ocurrir lo mismo que en el caso de Unicaja y que demandantes y demandados llegaran a un acuerdo que evitara de nuevo el pronunciamiento del Supremo.

Según la estimación del Banco de España, en torno a un millón y medio de personas cuentan con una cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios, lo que en total supondría que las entidades financieras tendrían que devolver a sus clientes unos 4.000 millones de euros. El Gobierno trata de alcanzar una solución que evite que los clientes afectados acudan a los tribunales provocando una sobrecarga de trabajo en los juzgados.

 

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