El grupo Volkswagen en España ha identificado a 683.626 vehículos equipados con el motor diésel EA189 al que se añadió un sistema informático para falsear los datos de las emisiones contaminantes, de los cuales 221.783 corresponden a Seat. Un portavoz del Grupo en España ha explicado a la Agencia Efe que ahora se deberá dilucidar si estos vehículos tiene el software fraudulento activado y si es necesario actuar sobre ellos.
Por marcas del grupo empresarial, corresponden a Volkswagen en el mercado español 257.479 unidades, a Seat 221.783, a Audi 147.095, a Skoda 37.082 y a Volkswagen Vehículos Comerciales 20.187.
Las marcas del grupo publicarán en sus páginas web a partir del próximo sábado un número de contacto telefónico gratuito para que los clientes se puedan informar de la situación de cada vehículo. Si estos vehículos precisaran de la intervención para subsanar la alteración de la gestión del motor, los gastos correrán a cargo de las distintas marcas.
Reunion al máximo nivel ministerial
El escándalo de Volkswagen se abordará este jueves al máximo nivel ministerial europeo en la reunión de los titulares de Competitividad e Industria de la UE, encuentro en el que el Gobierno español pedirá endurecer las inspecciones a los vehículos diésel. Según ha avanzado el ministro español de Industria, José Manuel Soria, la petición que se va a plantear en Luxemburgo sigue el nuevo modelo que se ha implantado en EEUU, mercado en el que la compañía alemana ha vendido casi medio millón de vehículos con dicho programa activado.
La compañía europea ha reconocido que ha vendido unos once millones de coches en todo el mundo con un programa informático que puede reducir las emisiones reales entre un 20 y un 40% cuando son sometidos a una inspección.
Soria ha indicado que lo que reclamará España es que, en lugar de someter los vehículos a un "banco de pruebas" previo a la venta, como se hace hasta ahora en Europa, los coches pasen "inspecciones muestrales" una vez que ya están circulando. El ministro ha reiterado que sigue a la espera de conocer cuántos vehículos de los 700.000 que han sido fabricados en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) y que llevan el citado programa informático han sido vendidos en España.
Asimismo, el ministro ha insistido en que el Gobierno estudia la fórmula para reclamar al grupo alemán las ayudas que ha recibido (a través de las diferentes ediciones del Plan PIVE) por comercializar vehículos eficientes que realmente no lo eran.
La compañía europea ha reconocido que ha vendido unos once millones de coches en todo el mundo con un programa informático que puede reducir las emisiones reales entre un 20 y un 40% cuando son sometidos a una inspección.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) comunicó el pasado 25 de septiembre a todos los fabricantes de automóviles que empezará a hacer pruebas adicionales para detectar sistemas de trucaje de emisiones como el utilizado por Volkswagen.
La decisión de la EPA se hizo pública una semana después de destaparse el fraude y las nuevas pruebas estarán destinadas a probar "cualquier vehículo utilizando ciclos de conducción y condiciones que pueden esperarse de forma razonable en la operación y en el uso normal". Por su parte, Seat está recopilando datos para determinar cuántos de esos 700.000 vendidos en todo el mundo llevan activado el software que falsea los datos de emisiones.
Para la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, la política del Grupo Volkswagen es "algo más que una mala práctica", aunque no ha querido calificarla de delito. En el ámbito judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar la querella del sindicato Manos Limpias contra los presidentes de Volkswagen Audi España, Francisco Pérez Botello, de Volkswagen Navarra, Emilio Sáenz, y de SEAT, Jürgen Stackmann.
Moreno se ha dirigido a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de este tribunal para investigar los hechos objeto de la querella y, de ser así, si cabe la admisión a trámite, han informado fuentes jurídicas.
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