"Compartimos un modelo de transporte de viajeros publificado o intervenido desde los poderes públicos mediante distintas técnicas, que van desde la prestación directa o indirecta de la actividad hasta su ordenación, reglamentación e intervención cuando el servicio es prestado por particulares. Este modelo es absolutamente distinto del que se impone en otros lugares, en los que el transporte de viajeros en las diferentes modalidades está 'liberalizado' en favor de los particulares, de forma que se deja a las reglas del mercado competitivo".
Esta declaración de intenciones está regocida en el reglamento de ordenación de transporte urbano de la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), que se hizo público apenas unos días antes del Mobile World Congress y entre las presiones de las organizaciones de taxistas para bajo amenaza de organizar protestas durante el congreso. Ada Colau necesitaba un MWC tranquilo y accedió a publicar un reglamento que contenía párrafos como el anterior. Su objetivo: exigir autorización previa para nuevas licencias de VTC como las que usan Uber y Cabify. Su problema: posiblemente invada competencias ajenas al poder municipal.
Para en Uber esta regulación no parece preocupar. La empresa californiana llevaba meses preparando un desembarco en la capital catalana que adelantó Vozpópuli en exclusiva este martes. Y a través de Unauto, la asociación que controlan junto a Cabify, disparaban con bala: "Blindar los privilegios del taxi refuerza su inmovilidad. El ciudadano seguirá a merced de las tarifas y suplementos que el taxi proponga".
Además, diversos expertos jurídicos en la materia creen que la normativa preparada por Colau tendrá muy difícil ver la luz y posiblemente el consistorio barcelonés tendrá imposible su cometido de "publificar" un mercado de transporte que, si bien no está completamente liberalizado, es competencia autonómica. "Al día siguiente de que se publique, alguien lo recurrirá y casi con total seguridad se suspenderá".
Enfrentamiento con los taxistas
Este peligro regulatorio que afecta a las dos grandes apps para licencias VTC pueden ser, sin embargo, el menor de los problemas en el nuevo periplo de la compañía californiana en la Ciudad Condal, el lugar donde iniciaron sus actividades en España, de donde proviene su director general y buena parte de su equipo y cuya sede central acabaron abandonando para trasladarse a Madrid, un lugar aparentemente menos hostil a las aplicaciones 'disruptivas'.
El mayor problema podría venir de tener que compartir terreno con algunos sindicatos de taxistas de Barcelona, posiblemente los más guerreros junto con los sevillanos de toda España. Desde Elite Taxi, una asociación mayoritaria en el área de Barcelona, no sólo se está promoviendo una acción penal contra Uber y Cabify auspiciada por el exjuez Elpidio José Silva, sino que se preparan distintas acciones reivindicativas que no descartan generar colapsos en la ciudad. Los conductores de Uber, que no destacan precisamente por sus altos sueldos, ya saben que pueden enfrentarse a actitudes hostiles y quizá no todos estén preparados para soportarlo. ¿Quién se juega la integridad por un exiguo sueldo?
De la capacidad de presión de los taxistas al consistorio dependerá que esta segunda llegada de Uber a la ciudad sea más o menos exitosa. Colau ha estado hasta ahora de su parte, frente a una postura más pro-VTC de la Generalitat, hoy descabezada por el 155.
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