Un año más, la temporada alta del turismo español, que empieza con la Semana Santa y acaba en septiembre, llega sin que haya consenso sobre cómo regular los alojamientos turísticos generados a través de plataformas de internet (Airbnb, Homeaway y otros). Un fenómeno negativo o positivo según a quién se le pregunte. La patronal Exceltur reconoce que clama en el desierto desde hace más de 4 años y considera que el límite se alcanzó hace mucho. Sin embargo, desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no ven el dramatismo. Los problemas con el exceso de turistas en Cataluña y Baleares son azuzados por políticos y básicamente no tienen fundamento, aseguró el ministro Álvaro Nadal recientemente.
La secretaria de Estado Matilde Asián se está reuniendo con todo tipo de administraciones municipales y autonómicas y muchas de ellas le han comunicado de forma extraoficial la necesidad de unir legislaciones para afrontar el problema en su conjunto. El portavoz de la patronal turística José Luis Zoreda asegura que es una reivindicación de muchas autonomías, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, e incluso de ayuntamientos como el de Barcelona. Sin embargo, la secretaria de Estado ha asegurado a este diario que no hay ninguna petición oficial para liderar una regulación.
Asián ha reconocido que se está valorando una reunión entre administraciones pero sin ponerle fecha. Desde su departamento se asegura que no se sabe aunque todo, incluso una reunión antes de verano, es posible. Algunas de las medidas que pide la patronal, como la reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos, ya han sido rechazadas por el Ministerio. "Las competencias están transferidas y respetamos mucho el estado de las autonomías", han asegurado.
Valencia aprieta las tuercas
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha estado este jueves en Madrid para presentar al Gobierno su nueva ley sobre apartamentos turísticos. Valencia ha multado recientemente con 120.000 euros a 6 plataformas de internet. El secretario valenciano de turismo, Francesc Colomer, ha pedido ayuda contra el "intrusismo" de las viviendas turísticas no regladas: "pedimos un posicionamiento más contundente al Gobierno a la hora de combatir el intrusismo".
Es precisamente el arco mediterráneo y Andalucía los que más están reclamando medidas mientras que "otras regiones como Castilla y León o Extremadura lo ven de otra manera", asegura Asián. Para poner un ejemplo, en Castellón han aflorado 2.658 apartamentos arrendados para uso turístico sin estar inscritos en el registro oficial.
Persecución de Hacienda
Donde sí que ha decidido actuar el Ejecutivo por el momento es donde tiene competencias y además puede recaudar. El ministro, durante su intervención este miércoles en el Senado, certificó que Hacienda y la Secretaría de Estado de Turismo llevan varias reuniones para establecer obligaciones fiscales a esas plataformas de alquiler vacacional, entre las que estarían poner un número de registro a los pisos alquilados, o la de que las empresas faciliten toda la información del comprador y vendedor del servicio para que sea conocida por Hacienda en España.
También ha dicho que se están estudiando otro tipo de obligaciones, como practicar retenciones en fuentes, es decir recaudar el impuesto en el momento en que ocurre el hecho generador del mismo, como se hace con otras empresas.
Estas son algunas de las reivindicaciones de los competidores de las plataformas, que en 2016 trajeron más visitantes que nunca al país. Airbnb alojó a 5,4 millones de extranjeros en 2016.
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