El cupo catalán, que allana el camino del socialista Salvador Illa hacia la Presidencia de la Generalitat, tiene un alto precio para el Estado. El beneficio para la CCAA y el coste para la 'caja común' puede alcanzar los 20.000 millones, aunque desde Fedea creen que lo más realista es pensar que los independentistas lograrán un trasvase anual máximo de 13.200 millones.
La tarea del Gobierno central en esta negociación no será sólo lograr más cupo y solidaridad por parte de Cataluña, sino también buscar fórmulas para financiar el acuerdo. En este sentido, los economistas señalan dos únicas vías: elevar los ingresos vía impuestos, o recortar el gasto vía prestaciones, con las pensiones como partida 'clave'.
Sin embargo, las fuentes consultadas por Vozpópuli opinan que lo más probable es que de entrada cualquier gobierno se resista a tomar ninguno de estos caminos y se eviten medidas 'impopulares' emitiendo deuda pública. Este acuerdo deberá aprobarse en el primer semestre de 2025 y entrar en vigor a partir de 2026, en la última parte de la actual legislatura.
La deuda pública ya ha crecido en alrededor de 400.000 millones respecto a mayo de 2018, justo antes de la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada al poder de Pedro Sánchez. El pasivo de las administraciones públicas se sitúa en niveles máximos de 1,6 billones, según los datos difundidos por el Banco de España.
Esa cifra podría registrar un incremento adicional como consecuencia del cupo catalán si para mantener el gasto público y no tocar los impuestos en un primer momento el Gobierno decide salir al mercado a buscar financiación. Y esto acentuaría la vulnerabilidad de la economía, que Bruselas vigilará ante la reactivación de las reglas fiscales.
"Dadas las dificultades que tenemos para acordar recortes de gasto, lo más probable serán subidas de impuestos, cuando no haya otro remedio, después de hacernos los remolones", opina Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores expertos en financiación autonómica del país.
Una pérdida de hasta 13.000 millones
Ángel de la Fuente es el autor del informe publicado este miércoles en el que se cuantifica entre 6.600 millones y 13.200 millones el trasvase anual desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, a falta de que se concreten los detalles del preacuerdo. En él ya señala que "el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña tendrá que salir de algún sitio".
Si se aceptase sin más la caída de ingresos, el cupo catalán podría acarrear un tijeretazo de hasta el 11% en la financiación que reciben el resto de comunidades autónomas (del 5% en el escenario 'menos malo' para la caja común del Estado, con el trasvase de 6.600 millones), según los cálculos del director de Fedea.
"Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos", advierte Ángel de la Fuente en el documento.
Por el lado de los ingresos, si se pactara el trasvase más bajo de la horquilla planteada (6.600 millones anuales), el Estado tendría que aumentar en un 15% la recaudación del tramo estatal del IRPF en lo que quedaría del territorio común. En el peor escenario planteado por Fedea (trasvase de 13.200 millones), esa recaudación tendría que aumentarse un 30%.
También se podría 'tapar' el agujero con menos gasto. Las pensiones son la mayor partida, pero también el 'tesoro más preciado' de cualquier gobierno. Cerca de 13.000 millones de euros (la pérdida de recursos estimada con el cupo catalán) es precisamente lo que paga actualmente la Seguridad Social en pensiones contributivas sólo en un mes.
Como consecuencia de la reforma de pensiones impulsada por el actual Ejecutivo entre 2021 y 2023 y que vincula automáticamente su revalorización a la inflación del año anterior (variación del IPC), el gasto en estas prestaciones se ha elevado en los últimos años hasta rondar los 200.000 millones de euros anuales.
Esta cifra, que incluye las prestaciones contributivas, asistenciales y de funcionarios, ya exige una aportación desde la caja común (vía impuestos y deuda pública), puesto que las cotizaciones sociales no son capaces de financiar el mayor gasto en pensiones, que amenaza con dispararse en los próximos años, con la jubilación de la generación del babyboom.
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