Las energéticas llevan todo el verano trabajando para suavizar el impuesto al sector que anunció Pedro Sánchez y antes de que empiece septiembre ya tienen un alud de enmiendas perfiladas, que van a intentar que incorporen los grupos parlamentarios.

Fuentes del sector trasladan que las empresas dan por descontado el impuesto -lo que no quita que en paralelo también contemplen pleitos- y que, con diferentes estilos, despliegan sus estrategias. Desde la publicación en El País el domingo de una tribuna muy crítica de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, al trabajo discreto con las enmiendas en el que serán clave las propias empresas y las patronales.

En el Congreso, quieren reunirse con todos los grupos, incluidos los socios de Sánchez, no sólo con las formaciones menos favorables al impuesto, de entrada, PP, Vox y Ciudadanos. En principio, el calendario de tramitación se fijará esta semana. Antes de que empiece el proceso, el Pleno del Congreso tiene que votar la proposición de ley que crea los impuestos, que registraron los Grupos Socialista y de Podemos el 28 de julio. Se prevé que sea validada sin problemas.

Menos claro está el apoyo sin fisuras de socios como el PNV en la tramitación. Los jeltzales se revuelven contra el control estatal sobre los impuestos a energéticas y banca y su recaudación, que ha diseñado como prestaciones patrimoniales para evitar pleitos y limitar derechos de las empresas. Y afrontarán la presión de las empresas vascas afectadas. En este escenario, las empresas buscarán introducir sus enmiendas como una contraprestación, un toma y daca, después de que asuman el golpe que les supone el impuesto cuando están invirtiendo además en la transición energética.

Las compañías tratarán de influir a los partidos de la mano de sus asociaciones. Iberdrola, Endesa y EDP contarán con la actividad de presión de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). Repsol desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y Naturgy es la compañía de Asociación Española del Gas (Sedigas).

Este mismo martes, Francisco Reynés, presidente de Naturgy, compartirá reunión con la ministra Teresa Ribera. El Ministerio para la Transición Ecológica asegura que se produce para "analizar la situación y recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas, de acuerdo con el compromiso adquirido en el marco europeo".

Aunque la velocidad que ha adoptado la tramitación de este impuesto ofrece un tema de conversación alternativo. La empresa que preside Reynés reconocía la preocupación de este impuesto a sus inversores. "Si finalmente fuese aprobada conservando su redactado actual, este gravamen tendría un impacto significativo sobre el patrimonio de Naturgy", refleja la compañía en su informe semestral.

Pleitos de las energéticas al impuesto

Respecto a los pleitos, que Imaz da por seguro que serán estimados, se acabará anulando el impuesto y se devolverá a las empresas lo pagado, desde el sector explican que es una línea paralela de actuación. No podrá activarse en todo caso hasta que esté aprobado el impuesto o esté en vigor, en principio, el 1 de enero. Otra interpretación la fía al primer pago, que será anticipado como pago fraccionado del 50% de la cuota en febrero, mes en que las energéticas deberán pagar 1.000 millones.

El impuesto a las energéticas gravará un 1,2% el importe neto de la cifra de negocios de 2022 y 2023 y prevé recaudar 4.000 millones en dos años. Afectará a las que tuvieran una cifra de negocio de más de 1.000 millones en 2019, la gran mayoría, grupos consolidados españoles y extranjeros, a los que sólo se gravará cuando tengan más de un 50% de actividad energética y por su actividad en España y en operaciones con terceros. En 2023, recaerá sobre los beneficios de 2022 y en 2024, hará lo propio con 2023. La declaración se realizará en septiembre de 2023 y 2024. 

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