El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación España y cuatro de quienes fueran sus directivos por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores tras el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013. Según ha adelantado este miércoles El Confidencial y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el titular del juzgado central de Instrucción número 2 ha impuesto una fianza de 192,3 millones de euros a la filial de la energética, y 107,5 millones a cada una de las personas físicas para garantizar una futura responsabilidad civil derivada del proceso.
A tenor de su escrito de acusación, remitido al magistrado el pasado junio, la Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los entonces cuatro directivos. Anticorrupción también fija que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107,3 millones de euros -importe del presunto perjuicio a la demanda- de forma conjunta y solidaria a varias comercializadoras y a las personas físicas y jurídicas que acrediten haberse visto afectadas, entre ellas, consumidores finales de energía.
Para el Ministerio Público, Iberdrola Generación, "con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda".
Para conseguirlo, prosigue, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 "aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo". Lo hizo a un nivel "por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad".
Ante esta situación, dichas centrales dejaron de producir, explica Anticorrupción, que señala directamente a la entonces directiva de Iberdrola Generación, compuesta por el director de gestión de la energía, Ángel Chiarri; el responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.
La Fiscalía cree que éstos -que también serán juzgados- realizaron una serie de ofertas de energía que provocó "la reducción de generación eléctrica de estas centrales, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las de ciclo combinado, de coste superior".
A tenor de sus cálculos, el "artificio urdido y llevado a cabo" por los acusados habría elevado el precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros megavatio hora (MWh), lo que ocasionó un perjuicio a la demanda superior a los 107,3 millones de euros.
Si se tiene en cuenta el volumen de energía que Iberdrola Generación despachó durante los días objeto de investigación, unos 2.965,8 gigavatios (GW), el presunto beneficio obtenido ascendería a 21,2 millones de euros. Por su parte, la organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, solicita tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, equivalente al quíntuple de dicho beneficio.
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