Teresa Ribera busca nuevas soluciones para afrontar la crisis eléctrica tras corregir su hachazo a las eléctricas en un segundo decreto. Y ya prepara el siguiente movimiento para poder cumplir su objetivo ‘autoimpuesto’ de lograr que la factura eléctrica de los consumidores al final de este año sea igual a la de 2018. Según informan fuentes del sector a Vozpópuli, el Gobierno planea un tercer decreto ley a través de un cambio regulatorio en el sector de las renovables.
Un escenario que ni confirman ni desmienten desde el Ministerio para la Transición Ecológica. “Ante la coyuntura de elevadas cotizaciones del precio del gas en los mercados internacionales”, comentan fuentes cercanas al equipo de Ribera, “el Gobierno está trabajando con las asociaciones de renovables para encontrar soluciones adicionales a las ya adoptadas que rebajen el precio de la energía eléctrica, al igual que lo viene haciendo durante los últimos meses con las asociaciones de consumidores, con la industria y con las empresas eléctricas”.
El Ejecutivo valora que esta solución sea un tercer real decreto-ley para poder utilizar el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) para bajar la factura regulada (PVPC) y el coste eléctrico de las industrias. Una posibilidad que, tal y como informaba este miércoles El Economista, le trasladó Ribera las asociaciones de renovables (AEE, Appa, Unef, Anpier y Protermosolar) y las de cogeneración (Acogen y Cogen) en una reunión posterior a su viaje a Escocia para la COP26.
Como confirman desde el sector a este medio, esta medida servirá para dedicar los cerca de 90 teravatios hora (TWh) a los consumidores de la tarifa regulada. “Ribera busca que esta medida se mantenga a lo largo de 2022, pero el real decreto-ley permitiría usar esta partida valorada en cerca de 7.000 millones anuales para bajar de forma inmediata la tarifa de los hogares”, detallan las mismas fuentes.
El objetivo final de esta nueva alternativa, según señalan, es cumplir con la promesa de Pedro Sánchez de que al cierre de 2021 el promedio de la factura de la luz de los hogares sea similar a la de 2018. Un compromiso que lanzó el presidente a la vuelta de las vacaciones de verano en una entrevista en el diario El País, que ha repetido en varias ocasiones, y que está marcando los bandazos del Gobierno para intentar atajar esta crisis. “Es un compromiso que nadie les ha pedido, pero que está marcando su agenda energética”, comentan desde el sector.
Las renovables protestan a Ribera
La reunión con las renovables del pasado martes sirvió para que Teresa Ribera reclamara a estas empresas un ‘esfuerzo extra’ para lograr paliar el efecto de estos precios descontrolados. Una petición que no termina de agradar a varias de las asociaciones convocadas al encuentro del pasado martes.
Hace un año, con los precios del megavatio hora por los suelos por la pandemia, las principales asociaciones de renovables contactaron con el equipo de la ministra para la Transición Ecológica para buscar una solución a sus problemas de retribución porque no conseguían rentabilizar sus plantas. Ahora, que sus infraestructuras disfrutan de precios rentables en esta crisis energética, el Gobierno les pide un esfuerzo para que colaboren de forma temporal en esta crisis.
En este sentido, los representantes del sector consideran que recurre a ellos después de no haber ganado la batalla con las grandes eléctricas en su primer decreto. “Estas empresas les han ganado el enfrentamiento y han logrado implicar a la Unión Europea, ahora buscan que seamos los pequeños generadores de energía renovable los que nos convirtamos en los grandes aliados del Gobierno”, defienden desde estas asociaciones.
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