El pasado 25 de marzo, Pedro Sánchez celebraba una gran victoria en el Consejo Europeo. La Unión Europea reconocía la Península Ibérica como una isla energética y permitía a España y Portugal adoptar medidas excepcionales para frenar el incremento de precios eléctricos con la crisis de Ucrania. Un mes después, la Comisión Europea da portazo a este plan tras conocer sus detalles.
Según comentan fuentes del sector a Vozpópuli, Bruselas trasladará a los gobiernos de España y Portugal la imposibilidad de aplicar su plan. En concreto, la Comisión Europea considera que limitar la producción de electricidad a través del gas a 30 euros / megavatio genera una distorsión del mercado eléctrico. Las dos alternativas que se contemplan en estos momentos es que la Comisión Europea busque aumentar este límite, como término medio, o que directamente descarte cualquier límite a la producción eléctrica del gas.
Bruselas quiere que el tope ronde los 50 euros/MWh, para que no se produzca un diferencial de precios muy grande con el resto de países europeos y evitar distorsiones. Un escenario que ha provocado que asuma esta responsabilidad la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y no la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson. La vicepresidenta ejecutiva Vestager, la ministra Ribera y el ministro Cordeiro abordarán temas relacionados con la competencia y la energía”, comentan desde la Comisión Europea ante la pregunta de este medio.
Desde el sector esperan que Bruselas anuncie tras esta reunión que ha pactado con España y Portugal una situación excepcional de su mercado eléctrico, pero con muchos cambios de la propuesta inicial que lideró Pedro Sánchez. “La comisión no puede, por sus principios, desautorizar en público a dos estados miembros”, comentan fuentes cercanas al Gobierno a este medio.
El presidente del Gobierno aseguró hace un mes que la Comisión "tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad porque varios países no respaldaban la excepción ibérica". Los Veintisiete dieron luz verde a su plan. Días después, los gobiernos de Madrid y Lisboa enviaron a Bruselas los detalles de esta controvertida medida que saca de quicio a países como Alemania y Holanda. También a las grandes empresas que operan en la Península, como Iberdrola y Endesa.
Sánchez y su medida temporal
El primer ministro portugués, Antonio Costa, y Pedro Sánchez han defendido que esta iniciativa tiene un carácter temporal para limitar el precio del gas durante la crisis de Ucrania. Las centrales de ciclo combinado serían compensadas por la diferencia, según un sistema que dejaría el precio de la luz en torno a los 125 euros, según fuentes del sector. La ministra española dijo en esas fechas que esperaba obtener el visto bueno de la Comisión y aplicar la reforma en unas "tres o cuatro semanas", plazo que se cumple esta semana.
La Comisión Europea también conoce que los propios operadores del mercado de España y Portugal no respaldan esta medida. OMPI, BMEClearing, MEFF y OMI, el operador del mercado en el que participan los principales grupos energéticos del país (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o EDP) y financieros (Santander o BBVA) han avisado que esta intervención del mercado que proponen ambos gobiernos no está alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios.
La carta de estos organismo se trasladaba a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país (CNMV y CMVM) y al comité Técnico del MIBEL (CNMC/ERSE/CNMV/CMVM). Es decir, aquellos que tienen que aplicar esta excepción de Sánchez y Costa no comparten la propia medida.
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