Íñigo Fernández de Mesa tiene una visión panorámica privilegiada de lo que sucede en el mundo económico y empresarial español. Se la aportan sus distintas responsabilidades: es vicepresidente de CEOE, lidera el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y preside el consejo de Rothschild en España. A los cargos actuales se suma la experiencia acumulada en cargos públicos, desde el Tesoro (del que fue Secretario General), al Ministerio de Economía (donde ocupó la Secretaría de Estado). Fernández de Mesa analiza las consecuencias que tendrá la decisión unilateral de reducir la jornada laboral y alerta del impacto en la inversión de la permanente incertidumbre política.
Reducir la jornada laboral sin mejorar considerablemente la productividad ¿es empezar la casa por el tejado?
Nosotros no estamos en contra de reducir la jornada laboral, lo que estamos es a favor es del diálogo social. Y al final lo que ha hecho el Gobierno con su intervención es bloquear el diálogo social. Se ha reducido el número de convenios de unos 1.000 a 700. Esto significa que ahora hay un millón y medio de trabajadores que han dejado de tener un convenio firmado. Y eso se debe a la incertidumbre de si se va a imponer por ley el número de horas que hay que trabajar. Antes de ponerse a negociar, esperan a ver qué a ver qué ocurre. Los salarios y las horas que se trabajan se tienen que adaptar a las regiones, a los sectores y a las empresas, no es café para todos. El diálogo social es un gran activo de nuestro país y dinamitarlo es malo. Por otro lado, tenemos que controlar los costes, que en este caso ascienden a 23.000 millones.
Una medida tan ambiciosa como esta, ¿se puede 'aterrizar' en las empresas sin que los empresarios estén de acuerdo? Sobre todo en territorio empresarial tan atomizado como el español.
Exacto. Tratar de imponer por un tema político iguales condiciones a todo el mundo no tiene mucho sentido. Y el resultado es que ese millón y medio de trabajadores se quedan sin convenio. Aunque al final no se haga nada, el daño está hecho. Es similar a lo que ocurre al anunciar un aumento de impuestos a la banca, a las energéticas o a las Socimis. Aunque luego no se aplique, el daño está hecho porque se genera ruido, incertidumbre... Las reformas laborales son marcos que deben durar mucho tiempo. Uno no puede estar cambiando las reglas del juego cada cinco minutos. No toqueteemos los temas laborales por la política, porque es clave para la planificación empresarial y la inversión.
La debilidad parlamentaria del Gobierno está frenando la labor legislativa y provocando algunos bandazos como el del polémico decreto ómnibus. ¿Cómo afecta esa incertidumbre a la inversión?
La inestabilidad parlamentaria, no tener una mayoría para poder legislar, no es bueno para la inversión. Hay mucho ruido, muchos anuncios que no favorecen la inversión extranjera, que es absolutamente fundamental para el crecimiento económico de España. Por ejemplo, hace unos días hubo uno en materia de vivienda que no favorece la inversión extranjera. Efectivamente, la inversión es una de las debilidades más importantes que tiene la economía española. Se ha comportado después del Covid mucho peor que en el resto de los países europeos, apenas se han recuperado los niveles previos de la pandemia. En un principio, las empresas tuvieron que reducir deuda, y ahora que está en niveles adecuados, están acumulando liquidez. Esto nos hace sospechar de los costes de todo tipo que hay en España: laborales, fiscales, junto a la inseguridad política. Todo ello está haciendo que la rentabilidad de las inversiones en España no sea lo suficientemente atractiva. Posiblemente, muchas de las empresas que plantean invertir se van a ir fuera.
Con su intervención, el Gobierno ha bloqueado el diálogo social. Hay 1,5 millones de trabajadores que se han quedado sin convenio
Líderes tan prestigiosos como Draghi han identificado el exceso de normas y burocracia como una de las barreras que frenan el crecimiento empresarial y la innovación. A la vista de la presión fiscal y normativa, no parece que España vaya por el buen camino.
El que haya 17 normativas distintas es muy negativo. Esto hace que la productividad sea menor y que las empresas pequeñas tengan mayores dificultades para crecer, porque tienen que tener departamentos jurídicos muy potentes que analicen las distintas legislaciones de cada comunidad autónoma. El resultado de esta fragmentación de los mercados en España es que nuestras empresas son muy pequeñas. Todas las medidas que vayan encaminadas a conseguir un mercado único más simplificado son muy importantes. En Europa, el plan Draghi y el plan Leta también apuntan que hay que ir hacia un mercado único. Pero primero hay que hacer los deberes en casa.
El PIB sigue creciendo con fuerza pese a todo esto y al contexto de debilidad en Europa. ¿Es España un cohete económico?
Ni la economía española es un cohete ni está en quiebra. Hay que quedarse con que el último dato de crecimiento económico es bueno, pero también hay que verlo de forma realista. El crecimiento económico se debe a dos factores. Por un lado, el buen comportamiento del sector exterior de la economía española gracias al turismo. Por otro, está el consumo público, que explica entre el 50% y el 70% del crecimiento económico desde la pandemia. Este consumo no se puede mantener, porque tenemos un déficit público de entorno al 3,5% y crecemos al 3%. Posiblemente, nuestro déficit estructural esté cerca del 4%. Eso significa que el día que crezcamos no al 3%, sino al 1,5%, tendremos un déficit público disparado. Por tanto, tenemos que corregir las cuentas públicas.
Si se reduce el consumo público, ¿quién puede tirar de la economía?
Hay margen para que el recurso al consumo público sea sustituido por el privado, porque el ahorro nacional está en niveles históricamente altos. También se podría compensar con inversión. Pero al final, para crecer en el medio plazo, hay que darle más protagonismo al sector privado, porque el público no va a tener capacidad para seguir contratando. Ahora bien, para que el consumo privado y la inversión mejoren, no hay que subir los impuestos, sino bajarlos; tampoco se puede generar incertidumbre regulatoria.
Han pasado cinco años del covid y no hemos recuperado los niveles de inversión privada en términos macroeconómicos. ¿Cuándo se espera que ocurra?
La inversión privada se tiene que recuperar, pero hay un problema de rentabilidad. Hay variables que no ayudan a recuperarla: si aumenta el salario mínimo un 60%, si suben cotizaciones sociales de una forma continua, si se aumenta el impuesto de sociedades, si la presión fiscal empresarial -que ya es la más alta de Europa- todavía se eleva más... Es una pena, porque en España tenemos una oportunidad histórica para ser líderes en crecimiento y líderes en Europa. Ningún gobierno ha tenido tanto dinero como el actual, nunca. El Banco Central Europeo ha comprado deuda durante años, permitiendo que nos financiemos muy barato. Y tenemos los fondos NextGeneration para modernizar nuestras empresas.
No se pueden cambiar las reglas del juego cada cinco minutos, es clave para la inversión
Tenemos tres sectores que son claves para el crecimiento económico en los países desarrollados. El primero es el energético, con fuentes de energía baratas, con seguridad de suministro energético y empresas 'utilities' pioneras en el mundo. El segundo sector es el de telecomunicaciones, con una infraestructura digital de las mejores y más avanzadas del mundo, y una situación geográfica única para la conexión de cables de datos. Y en tercer lugar, hay un sector que ha cambiado radicalmente y que es único en el mundo: el turismo. España podría estar creciendo al 8%. Por eso el Gobierno tiene que hacer una apuesta por el sector privado.
Los empresarios, sobre todo los grandes, han estado en la diana de la coalición de Gobierno durante toda la legislatura. Además de soportar una elevada presión fiscal, han de aguantar las críticas. No debe ser fácil ser empresario en España hoy día...
Ser empresario siempre es muy difícil, porque asumes mucho riesgo, no tienes horas, tienes que atraer talento... Y, en los últimos años, en España se ha vuelto todavía más complicado. Pero creo que, independientemente del Gobierno, hay un reconocimiento social a la labor de los empresarios, que crean empleo productivo y que están muy comprometidos con la sociedad. En Valencia han sido los primeros que han acudido en apoyo a los damnificados por la Dana. No sé si el Gobierno piensa y una cosa y dice la contraria.
La independencia fiscal de Cataluña, ¿preocupa a las empresas? ¿Hay movimientos ya ante lo que pueda ocurrir?
No, yo creo que Cataluña es una región donde existe muchísimo dinamismo empresarial, es una comunidad autónoma de empresarios y eso es muy positivo. En cuanto a la independencia fiscal, tener una Hacienda autónoma no tiene cabida en nuestra legislación actual, requiere un cambio de la Constitución. Lo primero que hay que hacer es respetar la legalidad. Lo mejor es no hacer ruido, no es bueno para los inversores que quieran comprar deuda pública española, ni para la financiación.
¿Cómo valora la nueva subida del SMI del 4,4%?
La fijación del SMI es una facultad del Gobierno, aunque sí está previsto que, previamente, lo consulte con los agentes sociales. Lo que pasa es que, en ocasiones, el Ministerio de Trabajo en vez de plantear una consulta para poder llegar a un acuerdo, primero da una cifra y luego plantea sentarse a la mesa a hablar. Y eso no es negociar: es un monólogo. Si nos hubieran dejado, hubiéramos podido ponernos de acuerdo con los sindicatos en este asunto, como lo hemos hecho en otras ocasiones. De hecho, nuestra propuesta de subida del SMI ha sido del 3%, que es por encima de la inflación y que está en línea con lo que firmamos con los sindicatos en el AENC 2023-2025.
Respecto a Cataluña, hay que respetar la legalidad. Lo mejor es no hacer ruido, no es bueno para los inversores que quieran comprar deuda pública española
¿Puede tener consecuencias negativas?
El problema con estas continuas subidas del SMI es que tienen impacto en la productividad, en el empleo y en los costes y precios. Y que afectan, especialmente, a las empresas más pequeñas, al comercio de proximidad, a los bares…, a sectores como el del campo o a las empresas que contratan con la Administración, a las que se les han aumentado los costes sin revisar el precio de los contratos. Si finalmente se aprueba la propuesta de Trabajo, el SMI habrá subido casi un 61% desde 2018. Sin embargo, el IPREM, por ejemplo, que sirve de referencia para muchas ayudas y subvenciones, sólo lo ha hecho un 11%. Es decir, que se está haciendo política social pero con el dinero de las empresas.
¿Los fondos europeos se están aprovechando, están llegando al tejido empresarial? Solo queda un año de plazo.
Hay mucho retraso. En los últimos meses hemos visto que hay una cierta recuperación. Dentro de las recomendaciones a España de la Unión Europea está que se refuercen los equipos para poder aprovechar mejor los fondos, eso es importante. Yo daría dos mensajes. Por un lado, estos fondos son para modernizar a la empresa española, no para otra cosa. Hay que aprovechar estos 160.000 millones para mejorar el tejido productivo español, y hacerlo más moderno y hacerlo más productivo. Y en segundo lugar, vamos a reforzar la colaboración público-privada para poder emplear bien esos recursos bien.
Estamos a tiempo todavía. Los fallos en la ejecución están identificados pero parece que nadie los corrige...
Espero que sí. Si el dinero se empieza a emplear de forma eficiente, igual tenemos oportunidad de extender el plazo. Pero para ello hay que dar la señal de que se están utilizando los fondos y se están utilizando bien.
El debate sobre el uso de la energía nuclear se está reactivando en Occidente. ¿España debería replantearse la decisión de cerrar sus centrales?
Creo que sí. En Europa está considerada como una energía verde y está utilizándose como provisión de energía limpia y barata en los data centers. Si al final se cierra forma acelerada en España, tendrá que ser sustituida por una energía contaminante y mucho más cara. Por tanto, estamos yendo en sentido contrario a la práctica totalidad de los países en materia energética. Teniendo en cuenta que se puede alargar la vida de las centrales, creo sí habría que plantearse esa transición. Lo que ocurre es que hay cambiar la legislación y las empresas que gestionen esas centrales nucleares tienen que tener su rentabilidad por invertir y que sigan funcionando. También necesitan la seguridad jurídica de que el esquema se va a mantener el medio plazo.
Para que el consumo privado y la inversión mejoren, no hay que subir los impuestos, sino bajarlos; tampoco se puede generar incertidumbre regulatoria
Hay identificados dos problemas en el sector empresarial: las vacantes y el absentismo. ¿Qué está pasando?
El tema del absentismo es tradición en España. Tenemos cerca de millón y medio de trabajadores fuera de sus puestos. Nosotros en CEOE estamos siempre hablando con el Gobierno para intentar darle solución al problema, a través de muchas iniciativas. Por otro lado, el problema de las vacantes no es solo un español, sino del mundo desarrollado. Existen muchas vacantes que no se cubren porque no se encuentra la cualificación adecuada. Por eso, atraer talento es una cuestión muy importante en un país como España. Que la gente no se vaya de tu país y que la gente venga a tu país; la gente con talento: los mejores ingenieros, médicos, arquitectos...
¿Cómo se puede atajar entonces este problema?
Una es el impuesto a los ricos. A diferencia, por ejemplo, de Alemania -que no es un país sospechoso de tener una fiscalidad baja-, la fiscalidad en España está haciendo que el talento no venga. Al final, la gente mira la nómina neta, no la bruta; y si en España la fiscalidad de un trabajador cualificado es hasta un 40% superior a la alemana o la sueca, estamos llamando a que nadie con talento venga a España y a que gente con talento en España se vaya fuera. El tema de la vivienda es muy importante. Y no sólo es un problema de la gente más vulnerable, sino de la clase media en general. Ese problema no se ataja con regulaciones, con límites al precio del alquiler, etcétera. Lo que hay es un problema de viviendas y eso se ataja incrementando la oferta. Afortunadamente, no se ha aprobado la norma que prohibía comprar viviendas a los trabajadores de fuera de la Unión Europea. Imaginemos un trabajador de una multinacional americana que está pensando en instalarse en España y le dicen que se puede comprar una vivienda. Pues se irá a Portugal o Alemania.
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