El proyecto estrella de Hacienda no va a estar listo a tiempo. Un error de cálculo del Ministerio le va a impedir cobrar los impuestos a banca y energéticas desde este miércoles 1 de febrero como está previsto y va a retrasar este primer pago anticipado del 50%, que la proposición de ley que registraron el PSOE y Podemos el 28 de julio establece entre el 1 y el 20 de febrero.
La Orden Ministerial con los Modelos de declaración de los impuestos, que estuvo en audiencia pública en diciembre, está ahora mismo en el Consejo de Estado. Desde el máximo órgano consultivo confirman a Vozpopuli que no podrá salir de allí hasta que se celebre la Comisión Permanente este jueves 2 de febrero. Y sólo lo hará si se aprueba, advierten. En el caso de que sea validada, entonces asumen que le llegará al Ministerio ese mismo día, ya que va en trámite de urgencia.
Este tramitación acelerada impuesta al Consejo de Estado no ha sido suficiente sin embargo para que estuviera publicada e el BOE antes del 1 de febrero. La cortesía marca además que lo estuviera con cierta antelación.
Estas urgencias del Gobierno están causando malestar en el Consejo de Estado, según ha dejado patente recientemente. En un durísimo dictamen, advierte de "urgencias injustificadas" que afectan a la calidad de las leyes y al "control de legalidad y constitucionalidad" y avisa de "garantías" que "se resienten". El máximo órgano consultivo le exige "respeto" a su función y al marco legal.
Este escenario significa que no podrá ser publicada en el BOE antes del viernes 3 de febrero. Y aquí entran en juego los trámites del propio BOE, que podrían retrasarlo al sábado 4 o al lunes 6 de febrero.
Fuentes de Hacienda trasladan que no saben si la Orden se va a publicar en el BOE este miércoles y que no les constan cambios en el plazo. Preguntadas la semana pasada por el retraso ya patente entonces y porque el texto estuviera en el Consejo de Estado, subrayaban que al ser un reglamento ejecutivo tiene que mandarse al máximo órgano consultivo. Una paradoja, dado que los impuestos se han tramitado como proposición de ley para acelerar el proceso y sortear al Consejo de Estado.
El abogado Isaac Ibáñez recuerda que la propia ley establece el desarrollo por orden ministerial de los impuestos y su pago anticipado y que el Reglamento debe pasar por el Consejo de Estado.
"El régimen de la prestación se desarrollará por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En particular, se desarrollará por orden ministerial la forma y modelos de declaración del ingreso de la prestación así como del pago anticipado de la misma", estipula la norma, publicada en el BOE el 28 de diciembre.
A Ibáñez le parecería irregular que Hacienda se saltara al Consejo de Estado, lo que cree que daría pie a más recursos.
¿Qué cabe esperar ahora? Esaú Alarcón, abogado en Gibernau, cree que lo ortodoxo sería que Hacienda incluya una disposición adicional o final en la Orden Ministerial en la que se retrase el plazo del primer pago y que se fije para 20 días desde su publicación en el BOE, por ejemplo. La ministra de Hacienda está habilitada para establecer la forma, lugar y tiempo de las declaraciones en la Orden, según establece la Ley General Tributaria. Esto ya ocurrió en el caso de la DAC 6, recuerda.
Impugnación de la Orden
Esta dilación se produce además cuando banca y energéticas preparan la impugnación de la citada Orden con los Modelos de declaración ante la Audiencia Nacional y valoran pedir su paralización cautelar, incluso cautelarísima, según ha podido saber este periódico.
La estrategia procesal clásica que van a seguir es pagar el impuesto y luego impugnar la liquidación, para después de agotar la vía administrativa y la de la Justicia llegar al Tribunal Constitucional, lo que puede dilatarse unos cuatro años e incluso hasta 10. Pero también quieren agotar todas las vías de recurso y la primera es la impugnación de la Orden Ministerial.
Pero van a ser más las vías de recurso y el coste de los mismos. Para las 11 energéticas afectadas por el impuestazo, que prevé recaudar 2.000 millones en 2023 -ahora reducidos a unos 1.800 al año por las enmiendas- y 4.000 entre el año que viene y 2024, el coste de los pleitos puede ascender a más de 30 millones de euros.
A estas cifras se suman las del impuesto a la banca, con cerca de 10 entidades afectadas tras la exclusión en las enmiendas de firmas extranjeras, y cerca de 1.500 millones en 2023 y 3.000 millones entre éste y el que viene, y 23.000 contribuyentes a los que aplica el impuesto a grandes fortunas -que prevé reunir 1.500 millones al año- de los que despachos que se dedican a estos clientes apuntan que van a recurrir la práctica totalidad. Un total de cerca 300 millones en abogados por los nuevos impuestos.
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