El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reclamaba al Gobierno de Pedro Sánchez en abril de 2019 no subir las cotizaciones sociales en ningún caso y alertaba de que en España se sitúan por encima de la media de la OCDE. En un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que entonces presidía, y que lleva su propia firma, Escrivá advertía de que "las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose seis puntos por encima de la media de la OCDE".
Esta brecha la reflejaba en un gráfico, que indica que el total de cotizaciones sociales como porcentaje del coste laboral es en España del 28%, frente al 22% de la OCDE. Y, a continuación, avisaba al Ejecutivo: "Se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, si no únicamente una reconfiguración de las mismas".
Estas aseveraciones de Escrivá menos de un año antes de ser nombrado ministro, y dirigidas al anterior Gobierno de Sánchez, contrastan con lo que ha asegurado este lunes tras firmar el pacto con los sindicatos para subir cotizaciones sociales a espaldas de la CEOE. El ministro ha afirmado que en España están por debajo de la media de otros países y ha negado que tengan un impacto negativo sobre el empleo.
Sin embargo, un cotejo de los datos de Eurostat -y los de la OCDE que manejaba el propio Escrivá en 2019- muestran que España está por encima de la media. En todo caso, junto con Alemania, Francia, Holanda o Grecia; y, sobre todo, si se tiene en cuenta la parte que paga la empresa, un ránking en el que se sitúa en los primeros puestos, junto a Grecia y República Checa, como ha recordado CEOE. Y en el caso de Alemania, en lo que respecta a lo que sufraga la empresa, este país se descuelga por completo, ya que la mayoría de las cotizaciones las costea el empleado. Pero es que, además, el alza que se ha pactado con UGT y CCOO carga el 80% de la subida sobre la empresa: 0,5 puntos, frente a los 0,4 que se manejó e, incluso, del 50% en un reparto equitativo que propuso el Gobierno en un primer momento.
¿Cómo justifica el ministro su aseveración discordante con los datos oficiales del lugar que ocupa España en los ránkings? En declaraciones a Onda Cero, aseguró ayer: "Lo que importa aquí es que España tiene un coste laboral y un coste asociado a las cotizaciones muy por debajo del de los países de nuestro entorno (…) España está en una situación que da margen y holgura a todo lo que estamos haciendo (...) Todo el mundo debe entender que el Estado de Bienestar hay que pagarlo". Es decir, introduce letra pequeña en su planteamiento, está hablando del coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios, que sostiene que está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Esto es, apela a los salarios.
Reducir cotizaciones por desempleo
Pues bien, en el informe 'La sostenibilidad de la Seguridad Social' que presentó en la jornada “Pensiones actuales y futuras. El sistema a debate” con su rúbrica, Escrivá sostenía que España está por encima de la media de la OCDE. En este texto, defiende que hay margen para reducir las cotizaciones por desempleo y subir las de pensiones. Y se pregunta si corre España el riesgo de caer en un escenario de japonización, ante una previsión de la AIReF de un incremento de la esperanza de vida hasta los 87 años y de que la tasa de dependencia se duplique en los próximos 30 años, situándose entre el 45% y el 60% (con un impacto en el gasto en pensiones de 9,5 puntos sobre el PIB hasta 2048). Prevé que la presión demográfica se intensifique a partir de 2030, lo que incrementará el gasto en pensiones entre dos y cuatro puntos del PIB, respecto de su nivel actual.
En ese momento, abogaba sin ambages por la polémica propuesta que se ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación para 2022: aumentar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión "desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027, que supondría un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia". Asimismo, entonces planteaba que las reformas paramétricas de 2011 y el Factor de Sostenibilidad que creó el PP y que ahora ha derogado contendrían adicionalmente el gasto en 3,5 puntos.
El informe concluye que "la evolución del mercado de trabajo y el impacto de la reforma de 2011 y del Factor de Sostenibilidad en 2013 contienen el efecto del envejecimiento" y recomienda al Gobierno "fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación y aumentar la carrera de cómputo de la pensión". El ahorro máximo sería próximo al del IRP, también derogado, estima. Por último, aconseja al Ejecutivo que la reforma en este sentido se ponga en marcha sin dilación y que haga pedagogía: "Su implantación temprana y gradual aumentaría su aceptación social".
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