La reforma de la malversación del Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar la fiscalización de la gestión del Plan de Recuperación por parte de la Delegación del Parlamento Europeo que visita España desde este lunes y que acaba su misión este miércoles. La presidenta de estos hombres de negro, Monika Hohlmeier, ha preguntado a última hora de este martes con insistencia al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por la rebaja de este delito, después de haberlo hecho el día anterior con Nadia Calviño. Hohlmeier cuestionó a la vicepresidenta por la preocupación por la reforma de la malversación y su efecto en los intereses financieros de la Unión, las mismas palabras que ha empleado el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Así lo trasladan fuentes conocedoras de una reunión que ha durado cerca de dos horas y media -hora y media más de lo previsto-, que cuentan que Escrivá ha seguido la misma estrategia que Calviño y ha desgranado las medidas antifraude que ha aprobado el Gobierno en el marco del Plan. Lo que de nuevo no ha contentado a Hohlmeier, que ha insistido en su pregunta en varias ocasiones. Finalmente, el ministro de Inclusión se ha desmarcado de la reforma y ha alegado que no es un asunto relevante que competa a su Ministerio. La vicepresidenta primera, por su parte, remitió a los europarlamentarios a la ministra de Justicia.
Escrivá ha sido por lo tanto el segundo ministro al que Hohlmeier ha inquirido por la malversación, ya que a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha podido planteárselo al haber durado su reunión a primera hora de este martes escasa media hora, según las mismas fuentes.
"El particular privado puede ser castigado con penas de hasta ocho años de prisión y el funcionario que hace lo propio con fondos públicos puede ser premiado, en función de los casos, hasta con penas de multa", ha advertido el Tribunal Supremo sobre la reforma. Preguntada por este asunto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que la comisión sabe que las reformas legales que ha aprobado el Gobierno "de ninguna manera despenalizan" ningún supuesto de desvío de dinero público.
A su juicio, lo que ha hecho el Ejecutivo es "acomodar mejor" el volumen de las penas que se piden "ante la gravedad de los hechos". "La comisión (de europarlamentarios) es conocedora de ello", ha subrayado Montero, quien no obstante ha recordado que se trata de una delegación con un "importante componente político" y que, por tanto", tendrá su propia opinión sobre esta reforma.
Escrivá no conoce las multas de la Comisión
Sobre la reforma de las pensiones, ha llamado la atención de las fuentes presentes en la reunión a las que ha preguntado Vozpópuli que Escrivá ha asegurado desconocer el mecanismo de sanciones que ultimaba la Comisión Europea y que había hecho público horas antes. Se trata de una reducción de los pagos por no satisfacer plenamente los compromisos, que podría llegar a aplicarse a la reforma de las pensiones.
En este sentido, ha sorprendido que el ministro ha comunicado a la Delegación que no ha pedido una prórroga por la segunda parte de la reforma de las pensiones que debía haber tenido aprobada el 31 de diciembre y que sigue pendiente porque no lo cree necesario.
Escrivá ha dedicado bastante espacio de una presentación de más de 45 minutos a glosar las bondades de la reforma laboral y los acuerdos del diálogo social. Preguntado por la ruptura del éste en la subida del SMI y en la reforma de las pensiones y por qué apoyos tiene, se ha mostrado confiado en lograrlos.
Las fuentes consultadas han percibido que no contestaba a las preguntas, como tampoco hiciera Calviño, y que no ha aclarado cómo va a garantizar la sostenibilidad de la reforma. Tampoco ha desvelado en qué punto se encuentran las negociaciones con la Comisión Europea sobre el cuarto pago
Desde Inclusión informan de que en materia de pensiones, se ha explicado que España parte de una situación de gasto en línea con otros países europeos con sistemas similares y que la reforma propicia alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal mediante incentivos y medidas voluntarias, ha permitido separar los gastos no contributivos de los que sí tienen esa naturaleza y se basa en medidas orientadas a aumentar los ingresos, reforzando la sostenibilidad del sistema.
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